Producto de la opacidad y omisión de las autoridades ambientales en Chiapas, el Parque Nacional Cañón del Sumidero ha perdido unas dos mil 900 hectáreas de su polígono original.
La Comisión Nacional de Áreas Natural Protegidas (Conanp), registra cifras que revelan el avance de la mancha urbana que data de 1980 y paulatinamente se ha “comido” el parque nacional superando las dos mil 900 hectáreas invadidas.
Las primeras colonias que se establecieron irregularmente, unas 91, serían regularizadas, pero la reciente llegada de nuevas invasiones frenó los procesos de municipalización.
Estas permanentes invasiones han sido reportadas por la ciudadanía, que además recrimina la falta de acciones de las autoridades ambientales, particularmente de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) y su titular Carlos Morales que se ha reservado a señalar que corresponde a otras instancias denunciar y actuar ante los hechos.
Esta negación del problema y la falta de acción conllevó a que en las inmediaciones de la caseta de acceso al parque nacional, unas siete nuevas colonias invasoras invadieron otras 40 hectáreas desde el 2013.
Sobre el tema, se presentaron denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales (FEPADA) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Semarnat
Al respecto, el delegado en Chiapas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Amado Ríos Valdez, advirtió en días pasados que se realizarían acciones, mediante la fuerza pública contra los grupos invasores posesionados en el Parque Nacional, por lo que la presencia de estos no se prolongaría más.
Cabe destacar, que en esta superficie recuperada se tenía contemplado fue invadido por unas mil 200 personas, aproximadamente 150 familias, sin embargo por el momento al área solamente habían llegado unas 30 personas.
Río Valdez mencionó también, que las personas que habitan reservas naturales son normalmente engañadas por “líderes” sin escrúpulos, a quienes solamente timan mediante la “venta” de terrenos, donde les engañan que pueden construir inmuebles cuando estos sitios son reservas federales, es decir, son un bien de todos los mexicanos.
“Nosotros siempre buscamos que sea una salida pactada, negociada mediante el diálogo, pero si no la hay tendrá que ser mediante la fuerza. Se ha tenido por medio de la Semarnat denuncias ante las procuradurías y se va actuar para evitar que estas invasiones se queden”, enfatizó el martes pasado el delegado federal.
Agregó que no solamente los líderes de los grupos invasores pueden ser encarcelados, sino también aquellos que toman un terreno en áreas federales, además de perder todas sus pertenencias y las inversiones monetarias realizadas, pero en este operativo ninguna persona fue detenida.
Además de usar probablemente la fuerza policial también se continúan acciones legales a través de la Procuraduría General de la República (PGR) para quienes resulten responsables de este ilícito.
El delegado federal señaló, que la parte donde se encuentraban las invasiones es una zona importante para la recarga de mantos acuíferos, los cuales son indispensables para Tuxtla Gutiérrez en esta temporada de estiaje, ya que de permanecer estas invasiones la ausencia de agua se incrementará.
Otras invasiones
Ahora haría falta recuperar el terreno invadido de los alrededores de la caseta operativa de la Conanp, donde se estiman siete colonias invasoras que abarcan 40 hectáreas perdidas desde el 2013.
Además de presentar las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales (FEPADA), indicó que el tema de las invasiones son de índole federal, por lo tanto son verificadas únicamente por la PGR.
Debido al proceso jurídico, las denuncias interpuestas no pueden ser dadas a conocer públicamente, para no entorpecer el proceso, sin embargo, se ha afirmado que existe una denuncia por cada una de las colonias invasoras dentro de la reserva.
Incluso, también hay demandas y denuncias por parte de exhabitantes irregulares dirigidas a los líderes de estos grupos por violaciones a los derechos humanos, fraude y robo, ya que han sido expulsados de estos asentamientos por no cumplir con la cuotas de “servicios”.
De igual manera existen denuncias sociales realizadas por diferentes sectores de la población como las ciudadanas, por parte de ambientalistas, de asociaciones, del grupo empresarial y turismo.
Que existan asentamientos humanos en sitios naturales donde nunca antes habían existido, ocasiona que fauna del lugar migre a otros sitios, la migración silvestre genera que el suelo pierda fertilidad debido a la falta de heces animales.
La zona invadida en el Cañón del Sumidero es una importante área de captación y escurrimiento pluvial, la reserva contribuye con el pleno funcionamiento del ciclo del agua, con la presencia de inmuebles dentro del lugar este ciclo natural se rompe lo que altera la temperatura regular de la zona.
Otra de las problemáticas es la tala indiscriminada de árboles, quema de pastizales y poda de flora endémica, elementos naturales que evitan los deslizamientos de suelo y principalmente de aludes de lodo en temporadas de lluvia.
Denuncian abusos de familia Llaven Abarca
En el marco del operativo de desalojo en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC) denunciaron una serie de irregularidades en la corporación.
Primeramente señalaron que al operativo fueron enviados sin notificación y en condiciones de precariedad, sin comida y muchos de ellos sin haber tomado descanso, pues fueron encuartelados un previo aviso y que sus superiores solamente dijeron que eran ordenes del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca,
En ese marco, Leonel “N” y un grupo de inconformes señalaron que en otro momento, incluso Ranulfo Llaven Abarca, hermano del secretario junto a su esposa Norma Patricia Grajales Pola acuden a la dependencia policial a solicitar agentes para labores personales, municipales e incluso para “hacerles mandados”.
En este marco dijeron que las condiciones generales de la SSyPC siguen siendo de abandono y abuso por parte de su titular.
Regularización
La presencia de las siete colonias irregulares (ahora ocho) desde el 2013, ha ocasionado que 91 demarcaciones no puedan ser regularizadas y por ende los habitantes de estas colonias aún no puedan recibir las escrituras de propiedad.
Estas 69 colonias de Tuxtla Gutiérrez y 22 de Chiapa de Corzo comenzaron a arribar desde la década de los 80’s y durante el trayecto de estos 36 años han causado un daño irreversible a la superficie de las más de dos mil hectáreas de área natural.
Sin embargo, en abril del 2013 comenzaron a crearse nuevos asentamientos irregulares ajenas a estas 91 colonias “históricas”, que crecieron hasta convertirse en ocho asentamientos paracaidistas, los cuales pretenden ingresar a la desincorporación con los demás fraccionamientos, para así ser regularizados.
Por lo que se procederá a desincorporar la superficie invadida, aproximadamente dos mil 944 hectáreas perdidas desde 1980 hasta el 2003, debido a las 91 colonias históricas asentadas a través de estos años.
Sin embargo, tras el arribo de estas invasiones en 2013, 2105 y la última el 18 de febrero del 2017, el proceso de desincorporación se ha detenido afectando a miles de familias y a la reserva natural del Cañón del Sumidero.
