La Ley Federal del Trabajo establece que la jornada laboral de trabajo diurna no puede exceder de ocho horas, la nocturna de siete y la mixta de siete horas y media; sin embargo, la misma legislación tiene un “truco”, porque dice que podrán ponerse de acuerdo el patrón y el trabajador para establecer su jornada, por eso algunas personas trabajan hasta 12 horas o más.
Lo anterior lo señaló José Manuel González Iniesta, licenciado en Derecho, especialista en materia laboral, refiriendo que en algunas empresas manejan jornadas de 12 por 36, es decir, trabajan 12 horas seguidas y descansan 36, dentro del marco de la Ley Federal del Trabajo, porque no rebasan las 48 horas a la semana.
Tomando en cuenta lo anterior, si bien existen propuestas de senadores como la de Miguel Ángel Mancera Espinosa, para reducir las jornadas laborales a seis y cinco horas, la diurna y la nocturna, respectivamente, la propia legislación permite modificar esos tiempos.
Desde el punto de vista jurídico se puede hacer mediante decreto, pero existirán labores que será imposible que se aplique, como en fábricas, maquilas y otros; además, en algunas ciudades las personas se trasladan hasta una hora o más para llegar a su trabajo, por lo que no les sería conveniente trabajar menos.
Es un hecho que no aceptarán la reducción de su jornada, porque es una realidad que muchos aceptan trabajar horas extras para generar más ingresos, lo que beneficia directamente al patrón que requiere de los trabajadores para sacar su producción adelante.
Desde lo jurídico y filosófico es positivo es querer establecer una jornada digna, que permita a los trabajadores hacer otras actividades, pero difícilmente los legisladores viven el día a día de un ciudadano promedio, no saben cómo se trabaja en una empresa, una fábrica, qué deben hacer los empleados para llegar.
Precisamente por eso, la reforma sobre las vacaciones y la reducción de la jornada laboral no se aprobaron al mismo tiempo, porque ambas representan una carga económica y administrativa para los patrones, ya que podrían aplicar su derecho de amparo para echar abajo la reforma.