El empresariado chiapaneco ha expresado su preocupación ante el avance de la reducción de la jornada laboral en el país. En Chiapas esta medida tendrá repercusiones diferentes ya que, entre otros factores, la economía en más del 95 por ciento es movida por las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes).
A ello, debe sumarse que la informalidad laboral en la entidad es de las más altas en el país, (77 %) un reto que el empresariado formal teme se incremente ante no poder sostener este nuevo sistema de reducción de horario para beneficio de la base trabajadora.
Una reforma que avanza en todo el país
Para aprobar la reducción de la jornada laboral, tras la validación en el Senado en febrero de 2026, falta el voto mayoritario en la Cámara de Diputados, el aval de al menos 17 Congresos estatales, la declaratoria de constitucionalidad y su publicación oficial por la presidenta.
El consultor fiscal, Néstor Gabriel López, indicó sobre el tema que seguramente pasará todo el proceso sin ningún cambio a pesar de los prejuicios que existen alrededor y de las premisas que busca, una jornada laboral digna y garantizar un descanso adecuado a los trabajadores.
La realidad es que sí generará una mayor carga para las empresas, eventualmente donde se necesitaba cierto número de horas trabajadas tendrán que contratarse a más empleados para cubrirlas y se pueda mantener una calidad en los procesos productivos.
Esto se traduce en una mayor carga económica, lo que podría ser perjudicial para las empresas que casi en su totalidad en México son Mipymes, en la economía formal; considerando eso se ha dicho también que se puede incentivar la informalidad.
Debe haber una implementación gradual
Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco ServyTur) de Tuxtla Gutiérrez, expresó que sí están a favor de mejorar las condiciones laborales.
Sin embargo, la forma en que se implemente esta reforma será determinante, sobre todo para las Mipymes, que representan más del 95 % del comercio en la entidad.
En entrevista, el líder empresarial señaló que la Canaco local se alinea con la postura de la Concanaco Servitur de México, celebrando que la reforma se aplique de manera gradual, tal como lo solicitó el sector.
“No estamos en contra de que se mejoren las condiciones laborales; el punto es cómo se van a implementar. Nos da gusto que se haya considerado la gradualidad, pero también pedimos que sea flexible, porque no se puede tratar igual a las empresas del norte que a las del sur”, afirmó.
Blas Gutiérrez explicó que, a diferencia de los estados industrializados del norte del país, donde muchas empresas ya cuentan con estructuras avanzadas y tecnificadas, en Chiapas la realidad es distinta.
“Cerca del 95 % de las empresas en el estado son Mipymes, muchas de ellas familiares, y serán las más impactadas por esta reforma. No tienen la misma capacidad de adaptación ni acceso a tecnologías que faciliten la reducción de jornada sin contratar más personal”, detalló.
Advirtió que, sin una estrategia de acompañamiento, muchas micro, pequeñas y medianas empresas podrían verse obligadas a cerrar, reducir horarios o incrementar sus precios, lo que afectaría directamente a la economía local y al consumidor final.
“Estimamos que los precios de productos y servicios podrían aumentar entre un 10 y un 25 %, lo que impactaría el consumo de las familias. Además, podría aumentar la informalidad y disminuir la recaudación fiscal”, subrayó.
Ante este panorama, el sector empresarial propone que la implementación en Chiapas considere esquemas flexibles, como estímulos fiscales para Mipymes, bancos de horas y un trato diferenciado en el pago de horas extras. “Buscamos que no nos traten a todos por igual. Necesitamos incentivos y acompañamiento del gobierno para modernizarnos y poder adaptarnos sin desaparecer”, insistió.
Blas Gutiérrez también mencionó que sectores como el comercio, los servicios y el turismo —este último muy dependiente de temporadas altas— serán los más afectados, ya que requieren mayor personal en momentos específicos. “Un restaurante o un hotel familiar tendrá que decidir si cierra más temprano o contrata a alguien más, y muchas veces no tienen la capacidad para hacerlo”, ejemplificó.
Ante ello, el dirigente empresarial hizo un llamado a las autoridades federales y locales para que, en el diseño de la implementación, se tomen en cuenta las particularidades de cada región.
Una acción para la salud mental
Para quienes sostienen su economía con más de un empleo, el anuncio sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, tras su reciente avance y aprobación en el proceso legislativo federal, no se lee solo como una cifra: se interpreta como la posibilidad de recuperar horas de vida.
Se trata de una reforma que puede significar tiempo, salud y reorganización, pero también nuevos retos si no viene acompañada de ajustes salariales y empresariales.
En este contexto, Carmen Díaz Melchor, ciudadana de Tuxtla Gutiérrez, quien trabaja por las mañanas como auxiliar administrativa y por las tardes atiende un pequeño negocio familiar, destacó que su rutina tiene mayor durabilidad.
“Mi semana no termina nunca. Cuando salgo de un trabajo, entro al otro”, señaló.
La reforma, impulsada en el ámbito del Congreso de la Unión, plantea reducir la jornada legal sin disminuir el salario. Ante esto, explicó que el primer impacto sería el tiempo que se vería reflejado en la calidad de vida.
“Si mi empleo principal baja horas sin que me recorten el sueldo, podría no correr tanto al segundo trabajo o, al menos, llegar menos cansada”, enfatizó.
“A muchos nos preocupa que, en la práctica, algunas empresas ajusten por otro lado: más presión por resultados, contratos parciales o cambios de turnos”, comentó.
Para ella, la estabilidad salarial es clave; al bajar los ingresos, el segundo empleo deja de ser opción y se vuelve obligación.
Para trabajadores y trabajadoras con doble empleo, el beneficio no es automático: la reforma puede aliviar la carga si se respeta el salario, pero podría empujar a buscar más horas en otro sitio si los ingresos se fragmentan.
“No es solo trabajar menos; es vivir mejor. Si el tiempo que ganamos no alcanza para cubrir lo básico, muchos vamos a seguir doblando turnos”, subrayó.
Vender en la calle, para llevar el pan a casa
La realidad que viven cientos de familias en la capital chiapaneca es la venta informal en las calles de Tuxtla. Es un sector que desconoce esta reforma, pero al igual que todos los chiapanecos y mexicanos buscan el sustento de sol a sol.
No han dado las seis de la mañana y el primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez ya ve el andar de los vendedores ambulantes.
Mientras algunos aún no comienzan con sus actividades, decenas de manos despliegan mantas sobre el asfalto. Otros arrastran sus “diablitos” cargando la venta del día: ropa, cinturones, sandalias y cubrebocas van encontrando su lugar en las banquetas del corazón de Tuxtla.
Para cuando el sol comienza a sentirse más intenso, el Centro ya es un laberinto de puestos improvisados donde la mercancía se ofrece al paso de los transeúntes, casi al borde del tránsito de los autos.
Los vendedores aseguran que tiene que pagar un aproximado de 100 pesos por un permiso que un fiscal con chaleco gris cobra sin previo aviso. Otros, quienes se ubican en las esquinas más disputadas, les exigen más por el derecho a trabajar unas horas.
Locatarios establecidos denuncian que funcionarios también cobran por permitirles ocupar banquetas del mercado, una práctica que aseguran ha llevado sus ventas a caer hasta un 70 por ciento.
Con las banquetas tomadas, peatones y compradores se mezclan con el tránsito.
Andar por el centro al medio día se convierte en un juego de laberinto: esquivar un mostrador improvisado, ceder el paso a quien carga una bolsa, sortear el gentío que se forma frente a los puestos de mayor demanda. Aun así, la gente compra, los precios bajos pueden más que la incomodidad.
Al caer la tarde, comienza el recuento, lo ganado en el día apenas alcanza para repetir la historia del siguiente día. En un estado donde siete de cada diez trabajadores viven fuera de la formalidad, la calle no es solo un lugar de paso: es la oficina, la bodega y para muchos, la única forma de llevar el pan a casa.
Esta reforma lleva consigo diferentes riesgos, interpretaciones y factores que se deben tomar en cuenta, de no hacerlo, la ya lacerada economía chiapaneca podría verse más afectada que beneficiada por la medida impulsada por el Gobierno Federal tal como lo plantea el presidente de la Canaco Tuxtla:
“Estamos dispuestos a sumarnos a las estrategias del gobierno para mejorar las condiciones laborales, pero pedimos flexibilidad para que las Mipymes chiapanecas, que son el motor de nuestra economía, puedan sobrevivir y seguir generando empleo. No queremos que esta reforma, siendo justa, termine por ahogar a quienes todos los días levantan la cortina para sacar adelante a sus familias y a Chiapas”.
