La Cámara de Diputados dio un paso muy importante. Aprobó una reforma constitucional que impide a las empresas lucrar con los amparos en contra de impuestos y, al mismo tiempo, beneficia a todos a quienes pudiera afectar el gravamen impugnado.
Sólo en el gobierno de Fox se tuvieron que devolver 47 mil millones de pesos a empresarios que por medio de costosos abogados lograron que el fisco les regresara impuestos. Dado que en México únicamente quien solicita el amparo puede beneficiarse de sus efectos, el proceso legal llegó a ser estrategia de negocios de las empresas frente a sus competidores. De aprobarse la reforma constitucional -falta que pase por el Senado y al menos 16 congresos locales-, la invalidez de un impuesto, decretada por la Suprema Corte, favorecería ya no sólo al promotor del amparo sino a todo el mundo.
Hacienda y los diputados tomaron la precaución de eliminar la posibilidad de desfalco a las arcas públicas. Con la reforma, si un acto fiscal es declarado inconstitucional el gobierno no estará obligado a devolver ni un peso de lo pagado. Dicho en términos jurídicos: no hay retroactividad.
Sin embargo, resulta triste que no se haya aprovechado para hacer una reforma que se extendiera hacia todos los ámbitos en que se aplica el amparo. Por ejemplo, en materia de transparencia, derechos de los consumidores, abusos de autoridades judiciales, incumplimiento de servicios públicos, entre muchos otros.
Por el bien de la democracia y los derechos ciudadanos es hora de poner fin a la cláusula Otero, que sólo beneficia a quienes pueden pagar abogados para lograr un amparo.
Se entiende que el secretario Carstens protegiera la reforma no enredándola con otros temas, pero es una lástima que los legisladores, sabiendo de la urgencia de proteger todos los derechos fundamentales, no hayan hecho más. Esa otra reforma sí que hubiera interesado a una gran mayoría de los mexicanos. (El Universal)
