"Julio César Rincón * CP. El jurista Horacio Culebro Borrayas calificó de acto aberrante la reforma al Código Penal del Estado que aprobaron los 41 diputados de la LXV Legislatura, ya que, fustigó, se intenta con esto amedrentar a los grupos antagónicos al gobierno, incluyendo la prensa.
Los diputados chiapanecos validaron ayer por la tarde dicha iniciativa que, a decir de ellos, busca entre otras cosas combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lo anterior, mediante la auscultación de bienes a personas físicas y morales por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Hacienda, cuando se sospeche de actos irregulares como enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, para el abogado chiapaneco, este nuevo instrumento jurídico no tiene razón de ser, pues recientemente el Senado de la República aprobó un decreto mediante el cual la Procuraduría General de la República (PGR) tiene la facultad para realizar este tipo de investigaciones.
Anotó que en el caso de Chiapas, más bien la reforma al Código Penal se entiende como un mecanismo de censura, sobre todo porque esto sucede a menos de un mes de que el actual gobierno deje el poder y no quiere recibir crítica alguna.
Explicó además que la Constitución General de la República es muy clara al establecer que para llevar a cabo una investigación de esta naturaleza, se debe reunir una serie de requisitos que marca en relación a una visita domiciliaria.
Detalló que se tiene que notificar con anticipación al indiciado, escuchar la garantía de audiencia, entre otras facilidades que otorga nuestra carta magna.
""Veo que en el caso de Chiapas esta situación estriba más en inmiscuirse para acallar a la prensa, cómo: pueden entrar a las finanzas y establecer sanciones, como ya lo hizo Pablo Salazar en su momento"", particularizó.
Culebro Borrayas afirmó que los diputados sin duda violaron el Artículo 16 Constitucional, pues esta facultad es única y exclusivamente de la Nación, en este caso de la PGR.
Borrayas, quien interpusiera un Juicio de Inconstitucionalidad durante la LXIV Legislatura cuando los otrora diputados pretendían prorrogarse en el cargo al igual que los alcaldes, advirtió que nuevamente podría estudiar el caso e interponer un recurso ante la PGR.
""Vamos analizar el caso y en su momento pedir a la PGR que intervenga, ya que la Ley de Lavado fue emitida a nivel federal. Asimismo, en un momento dado recurrir al juicio de garantías, pues esta reforma se vuelve heteroaplicativa, que puede aplicarse con carácter represivo"", alertó.
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