La reforma nacional que plantea incrementar las penas contra responsables del delito de extorsión representa una herramienta para Chiapas que, en realidad, ya tiene las penas altas que plantea la reforma de Ley.
Por ello el beneficio localizado por esta ley podrían ser los beneficios de resarcimiento del daño en beneficio de las víctimas, explicó el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Gabriel Soberano.
Detalló que en México se tiene una Ley General con una pena de seis a 15 años para los responsables del delito de extorsión, mientras que el Código Penal de Chiapas sanciona este mismo delito con entre 10 y 20 años de cárcel.
Detalle
Explicó que al existir una Ley General en Materia de Extorsión, implica que existe una concurrencia de competencias entre la autoridad federal y estatal, por lo que se deja de aplicar los artículos 300 y 301 del Código penal del estado de Chiapas y se debe de acudir a esta ley general en los términos que esta prevea la normatividad correspondiente.
Por tanto tanto es de vital importancia estar pendientes respecto a las modificaciones que realice el Senado a este proyecto, por que una vez que sea aprobado, las autoridades y abogados en Chiapas estarán obligados a conocer y aplicar esta nueva legislación en materia de extorsión.
Esto esperando que se realice dentro de los parámetros del respeto de los Derechos Humanos de las partes, en beneficio tanto de las víctimas como de las personas que sean investigadas por la posible comisión de los hechos relacionados con este delito, y que no sea utilizado simplemente como un instrumento del Estado o intereses particulares ajenos a la verdadera justicia.
