"La presentación de las iniciativas de reformas legales para que Petróleos Mexicanos pueda contratar obras y servicios con particulares, mediante pagos en efectivo, no en especie, desplaza a Los Pinos como centro de la discusión y la enfoca en el Congreso.
Allí es donde deberá darse la confrontación definitiva sobre el tema, para terminar aceptando la propuesta presidencial, ahondando o acotando las reformas. Hasta Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial del PRD y tenaz impugnador de la reforma, ha sido invitado a la fiesta, en una especie de ""debates y te vas"", porque él tiene voz, pero no voto.
López Obrador y sus seguidores son y deben ser parte del debate, pero no los únicos interlocutores del Senado, como tampoco pueden serlo grupos empresariales. La sociedad debe ser informada y escuchada.
Según el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Pemex tiene contratadas a 36 mil empresas, por lo que no se alcanza a ver la novedad de la autorización solicitada.
De todos modos, parece haber un cierto respiro para el mayor organismo descentralizado que tenemos, con propuestas inspiradas en posiciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como mayor autonomía de gestión y control sobre su destino y más flexibilidad para explorar nuevas fronteras productivas, así como un comisario que verifique los informes administrativos y una Comisión del Petróleo para apoyar la planeación estratégica del sector.
También se abre la posibilidad de que particulares construyan y operen sus propios ductos, y la emisión de bonos ciudadanos de 100 pesos, exclusivos para mexicanos, hasta por 25 mil millones de pesos.
Era inevitable conceder a Pemex recursos para trabajos de exploración, explotación y refinación: es suicida consumir las reservas sin reponerlas por lo menos al mismo ritmo.
Ninguna de las iniciativas se refiere al pago de derechos de Pemex, que significan más de 60% de sus ingresos y 40% del presupuesto nacional de egresos, pero el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, anunció que se propondrá un nuevo régimen fiscal para la empresa, para reducirle la carga.
Por supuesto, en la misma proporción en que sea reducido el pago de derechos de la empresa, Hacienda deberá encontrar nuevas fuentes de recaudación. En justicia, los grandes contribuyentes, beneficiarios históricamente de la expropiación petrolera, deberán aceptar necesarios incrementos impositivos.
Estamos frente a un moderado pero útil proyecto de reforma energética, no ante una revolución. (El Universal)
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