La propuesta de reforma electoral que ha planteado el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador -que entre otras cosas busca que las consejerías en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los espacios para quienes aspiren a ser magistrados o magistradas electorales sean elegidos de acuerdo al voto de la población-, ha provocado una serie de reacciones entre los grupos que avalan el proyecto y la oposición que ha criticado que dicha estrategia solo busca controlar los comicios venideros.
¿Ahorro de recursos?
Por partes, el proyecto original pretende un ahorro de hasta 50 mil millones de pesos a través de múltiples conceptos. La titular de la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda en Chiapas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Bárbara Mañón, consideró que lo más importante es eliminar gastos excesivos.
Uno de los puntos que contempla la reforma tiene que ver con una reestructuración interna en la parte del INE. De hecho, la idea es que ahora se llame Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Se proyecta la reducción de 500 a 300 diputaciones a nivel federal, quitar 32 espacios en el Senado y desaparecer cuatro consejerías del INE. Tan solo en esos puntos, según las estimaciones de la asociación civil Que Siga la Democracia, habría un ahorro de 10 mil 14 millones 517 mil 516 pesos.
Sacar de la burocracia a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) viene dentro del proyecto de reforma. En este apartado la reducción en gasto oscilaría en 13 mil millones de pesos; cinco mil millones de pesos más se ubican con la reducción de curules locales, y tener solo nueve regidurías como límite en los municipios ahorrará otros seis mil millones de pesos.
Incluso, la asociación civil Que Siga la Democracia añade que si la iniciativa se aprueba con el recorte de dinero a partidos políticos (los nacionales y los que están en las entidades) se tendrían otros 16 mil millones de pesos disponibles.
Posturas partidistas
Desde Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquina, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que están en contra de todo lo que vulnere a los tribunales e instituciones electorales, debido a que se trata de instancias que tienen credibilidad con la ciudadanía.
Aclaró que no se trata de ser una oposición de gritos, lo más importante es encontrar puntos de coincidencia, pero no van con la reforma que se propone desde la Federación. En su opinión, quitar dinero a los partidos políticos es una manera de desaparecer la democracia y esos temas tendrían que revisarse con mayor detalle.
“A favor de que siga el INE, a favor de los órganos electorales locales, a favor de los tribunales, porque es la esencia de la democracia. El llamado a las fuerzas políticas de hacer un bloque para que eso no pase”.
Otra perspectiva
Para Olga Luz Espinosa Morales, diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la reforma tal cual se mandó por parte de Morena (y aliados) no pasará, bajo el argumento de que la transformación del INE genera ruido y no es lo más adecuado la desaparición de los OPLE.
En la reforma que se plantea, dijo, se pretende que las consejerías del INE se elijan por medio del voto popular, sin embargo, comentó que los únicos órganos que cuentan con estructuras para hacer campañas son los partidos políticos y las instituciones del gobierno, por lo que estaría en riesgo -advirtió- la autonomía de quienes resulten electos.
A la oposición preocupa, enfatizó la legisladora, la aceptación de los recursos privados en las elecciones, considerando que se quitarían (si es que se aprueba) las prerrogativas. La incertidumbre en esta parte radica en que se abre la posibilidad de que el crimen organizado meta recursos para financiar campañas.
Cuestionó: “¿Por qué no fortalecemos mejor la autonomía del INE para que ningún partido ni órgano del Gobierno Federal pueda hacer fraude?” La parte oficial ha informado que la reforma electoral también contempla la posible implementación del voto electrónico, que se baje el tiempo que se ocupa para la propaganda política tanto en radio como en televisión, además de reducir el porcentaje (de 40 %) para que con un 33 % las consultas populares sean vinculantes. En el caso de los partidos, las prerrogativas se activarán solo en año electoral.
¿El instituto hace fraudes?
Efraín Alonso Lastra Everardo, vocal ejecutivo del Distrito 09 del INE, recordó que todas las actividades que realizan son verificables y todos los procesos electorales vienen acompañados de representantes de partidos políticos, consejeros y consejeras, es decir, no hay posibilidad de realizar alguna situación que beneficie a alguna candidatura en especial.
Además, añadió, las propias votaciones quedan en manos de la ciudadanía y los mecanismos que han implementado las mismas autoridades han hecho que se investiguen prácticas asociadas a la compra de votos o acarreo de personas.
Remarcó que lo importante en medio de toda la discusión nacional es que ya se acerca el tiempo para las nuevas votaciones, para renovar la presidencia del país, gubernaturas y demás cargos locales, por lo tanto, “sería muy riesgoso establecer nuevos procedimientos y nuevas situaciones. Sea una propuesta que esté dirigida a disminuir gastos u otro tipo de cosas al momento de que te cambian de hacer las cosas (…), eso requiere un recurso”.
Lastra Everardo consideró que el voto electrónico es una excelente alternativa en la propuesta, no obstante, lo complicado viene en la parte técnica y debe existir consenso entre los partidos políticos para no dudar de los resultados. Aunque se hagan cambios, apuntó, lo que se debe analizar son los tiempos y la factibilidad. Mientras tanto, se tiene que esperar la discusión que haya en el Congreso de la Unión y el INE.
