Aun cuando la votación de los magistrados fue dividida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los mexicanos tenemos constitucionalmente derecho a buscar un cargo de elección popular como candidatos independientes, es decir, sin la necesaria postulación de un partido político, como opera hasta ahora.
Así se zanja una abierta discusión sobre el fondo jurídico de la materia, de manera que no sólo puede ser posible la aspiración de candidatos sin partidos, sino que se reconoce que los electores puedan inclinarse por entregar su voto a candidatos independientes que no logren el apoyo de ningún instituto político.
Después de esta opinión constitucional, el Congreso de la Unión deberá ahora resolver si se hacen las adecuaciones correspondientes en el Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales (Cofipe).
Ahora bien, más allá del debate concreto de los candidatos sin partido, la postura de la Corte bien puede servir como inicio de una corrección mayor del Cofipe a la luz de las lagunas, ambigüedades y contradicciones que afloraron en las elecciones federales de julio pasado. Esto para poner los resultados electorales a salvo de suspicacias y para fincar las bases de una reforma mayor en nuestro sistema político, a tono con la actual redistribución del poder político en México.
Legisladores y magistrados tendrán que debatir, entre otros muchos temas, la fiscalización de los gastos de precampana; regular si debe intervenir una instancia intermedia en la contratación de tiempos en medios de la propaganda electoral; definir si pueden regularse los contenidos de la propaganda política sin menoscabo de la libertad de expresión; acotar la conducta de funcionarios en tiempos electorales; mejorar la certificación del padrón electoral; trabajar más en la capacitación de los funcionarios de casilla; acortar los tiempos de campana; y analizar la posibilidad de una segunda vuelta electoral.
Quizá es la oportunidad también para revisar si todavía se justifican los legisladores de representación proporcional, cuando ya no existe un partido predominante, y podemos reducir la nómina parlamentaria; estudiar la viabilidad de reelección y con qué modalidades según el cargo, para propiciar mejores carreras políticas, y quizás hasta ponderar las asesorías de propaganda política de empresas extranjeras.
Esta es una agenda rica en temas, los anotados y otros más, pero no se nos escapa que la formulación de los ordenamientos está en manos del Congreso, atenidos los legisladores sobre todo a las indicaciones e intereses de sus partidos.
Pensamos que es necesario avanzar en el perfeccionamiento de nuestra reglamentación electoral, para evitar que los siguientes comicios se repitan las dudas y suspicacias que surgieron en algunos sectores de la sociedad durante el pasado proceso.
Una nueva reforma electoral, consensuada, será de mucha utilidad para la gobernabilidad de la nación, así como pudiera ser, a su vez, la puerta hacia una reforma más ambiciosa, la del Estado, que revise a fondo el futuro de nuestro sistema político y el México que queremos los ciudadanos para los anos venideros. (El Universal)
