La reforma en materia de derechos humanos en la Constitución Política de México que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2011, hace justamente 10 años, obliga a todos a hacer un cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano, al incorporar el concepto de derechos humanos como eje central de la labor jurisdiccional.
Así como establecer que los tratados internacionales en esta materia junto con la Constitución, son las normas de máximo rango en el ordenamiento jurídico, estableciendo que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la carta magna y los tratados de los que sea parte.
Isela de Jesús Martínez Flores, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado (PJE), indicó que esto obliga a todas las autoridades a respetar, promover y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios que recoge la reforma que es universalidad, interdependencia, visibilidad y progresividad, este último debe de ser considerado por todos en el ejercicio de sus funciones.
A 10 años de la reforma constitucional en derechos humanos, señaló que las mujeres siempre han tenido participación en tareas difíciles de la sociedad, incluyendo en los procesos de independencia y revolución.
Sus destacadas participaciones han sido invisibilizadas ante los ojos de la sociedad, ya que tradicionalmente se les sigue asociando a los roles considerados femeninos.
Es por esto que se inició la lucha por los derechos de la mujer, haciendo referencia a los derechos humanos cuya promulgación y aplicación se dirige de forma concreta a las mujeres en función de su condición, de la específica diferencia con el varón, bajo la cual le han sido vetados algunos derechos.
Esto ha rendido frutos a través de instrumentos internacionales, declaraciones, tratados, convenciones, pactos, protocolos, recomendaciones y leyes, en los que se recoge el anhelo de justicia en las relaciones entre hombres y mujeres, los cuales poco a poco se han ido incorporando al derecho interno de los estados.
Destacó, en relación a los derechos de las mujeres, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por las Naciones Unidas (ONU) en 1979, suscrita por México en 1980.
Fue un primer instrumento que reconoce explícitamente las condiciones estructurales de desventaja de las mujeres.
Esta convención promueve el logro de la igualdad entre los hombres y las mujeres, a través de asegurar el acceso igualitario al desarrollo, en particular en las esferas política, social, económica y cultural.
Asimismo reafirma los derechos reproductivos de las mujeres y recalca los roles de la cultura y la tradición como fuera de influencias responsables no sólo de formular roles de género, sino como las bases que frecuentemente conllevarán a acciones discriminatorias y de violencia.
