De acuerdo a la abogada Claudia Esqueda Llanes, integrante de la Barra Mexicana de Abogados capítulo Chiapas, en el país sólo el 20 por ciento de los trabajadores están organizados o adheridos a un sindicato, lo que deriva en que muchos de los patrones no cumplan con sus obligaciones que marca la ley.
Señaló que ese porcentaje se traduce a un aproximado de apenas 500 mil contratos colectivos, que comparado con el número de empresas constituidas formalmente resulta ser muy poco, por ello muchos trabajadores no reciben seguridad social, prestaciones, vacaciones, permisos y el establecimiento de una jornada laboral justa.
Refirió la importancia de que los trabajadores defiendan su derecho a organizarse para hacer valer sus derechos, sin embargo, la actual legislación con base a la reforma laboral aprobada en mayo del año pasado, continúa con el intento por permitir “injerencias” ya sea por parte de instituciones o bien de la parte empresarial.
Detalló que la reforma establece modificaciones a los estatutos internos de los sindicatos, principalmente sobre la elección de nuevos dirigentes, a manera de injerencias que la propia ley prohíbe a las autoridades y a los empresarios, por lo que se está atentando contra la autonomía sindical dispuesta por convenios internacionales como el 81.
Sin embargo, señaló que no hay nada nuevo como lo quiere presentar la administración federal, porque la transparencia en los procesos ya se estipulaba, como la instalación de urnas, emisión de votos y conteos finales a la vista de los agremiados.
La especialista señaló que un sindicato se inicia a través de una forma conocida como coalición de trabajadores, instalada para defender sus intereses; el registro formal surge cuando se le da la existencia frente a las autoridades laborales, por ello es que debe defenderse la naturaleza autónoma de los sindicatos.
Mencionó que Chiapas es uno de los 10 estados del país que fueron convocados por el Gobierno Federal para atender los requerimientos de la reforma laboral, con lo que crearán instituciones previstas en la ley que actualmente no existen.
En ese tenor, añadió que a partir de octubre próximo correrá un periodo de tres años para consolidar las exigencias de esta reforma. Específicamente para la creación de centros de conciliación locales, así como tribunales laborales locales y uno federal.
Estos organismos arrancarían al unísono debido a las competencias locales y federales dispuestas, por lo que estas instituciones no podrían crearse o funcionar de forma independiente.
