A pesar de que el Senado de la República organizó amplias consultas sobre las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, la iniciativa podría ser aprobada manana, según todos los indicios, sin incluir las propuestas alternativas o complementarias.
Cabe senalar que en cinco foros convocados por el Senado se emitieron 41 opiniones en contra de las pretendidas leyes, auspiciadas por Televisa, y sólo 12 a favor. El desdén de los senadores ha provocado una extensa preocupación entre los diversos sectores sociales, que ven la organización de las consultas sólo como un ejercicio de apariencias, puesto que los legisladores proclives a la minuta aprobada por los diputados han mantenido su decisión de aprobarla tal cual.
De poco o nada sirvieron las advertencias de especialistas y diversos representantes sociales, sobre la inconveniencia de esas leyes para atender urgentes reclamos de la sociedad. La misma Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, previno que las reformas van a despojar al Estado de su rectoría sobre los bienes de dominio de la nación y de su potestad exclusiva para otorgar concesiones en materia de vías generales de comunicación, como lo informó EL UNIVERSAL el viernes pasado.
En opinión de Cofetel, tal como fueron aprobadas por los diputados el 1 de diciembre de 2005, las reformas conceden más privilegios y fortalezas a los operadores dominantes tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones.
El Estado quedará, según la anunciada reforma, sin facultades para administrar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, para evaluar correctamente a los radiodifusores que soliciten concesiones, para regular programaciones y contenidos y para impedir que la concentración ya preocupante de los medios electrónicos se consolide en un monopolio anticonstitucional.
Es pertinente llamar a los senadores a un acto de reflexión. Equivocadamente han pretendido que el apoyo a esta reforma legal, grata para los grandes consorcios de la radio, la televisión y las telecomunicaciones, es para asegurarse un claro apoyo en la difusión de las campanas electorales.
Muchos especialistas han manifestado su consternación ante lo que consideran nula sensibilidad de los senadores y del oligopolio nacional de la radio y la televisión para atender el particular reclamo social a favor de una legislación equitativa y más conveniente para atender las grandes necesidades nacionales y favorecer un desarrollo más abierto a nuevos participantes en el sector.
Los medios electrónicos de comunicación no son sólo un negocio de gran magnitud, sino que constituyen un instrumento de alto impacto social, político, cultural y educativo que importa democratizar ampliamente, con la participación de otros actores y, en mayor medida, de los propios receptores de los contenidos. No hemos logrado todavía que los medios cumplan cabalmente con el gran potencial que tienen reservado como instrumentos de desarrollo nacional.
Lo que el país reclama hoy es un marco legal emanado de las consultas, la reflexión y la voluntad auténtica de aprovechar a fondo los avances tecnológicos, sin las deformaciones de un sector empresarial consentido en exceso y sin mayores exigencias de cumplir obligaciones sociales.
Ya el tiempo le exige a México cerrar el capítulo de la confrontación estéril, en aras de avanzar por el camino de los acuerdos. En los últimos minutos los senadores deben sopesar con seriedad su trascendente decisión. Los mexicanos queremos ver un ejemplo de cómo se debe legislar, es decir, no hacerlo para complacer intereses particulares, sino para servir al interés general de la nación. (El Universal).
