Reforma para apropiarse del poder

"Francisco Valdés Ugalde * Universal. Ha concluido un ciclo político de México. Se ha cerrado el tiempo en que el impulso ciudadano de abajo hacia arriba conducía el envión de los partidos que se abrieron paso para compartir el poder con el antiguo partido único. Se ha iniciado un periodo en que las burocracias partidarias y sus extensiones a los puestos de elección y designación cierran el círculo de acceso al poder, limitándolo al club exclusivo de los tres grandes.

Sigue ahora el tiempo de administrar el sistema heredado del autoritarismo con las únicas modificaciones que fue menester hacer para llegar a este estadio: una reforma de la justicia para los poderosos, una ley de transparencia que no conduce a la rendición de cuentas y, desde luego, la nueva plataforma jurídica electoral que permite la distribución del poder mayoritario entre tres.

Las reformas electorales son un indicador muy claro del cierre de aquella etapa y el inicio de este nuevo periodo. El Instituto Federal Electoral, que se inició como un Consejo Ciudadano para llegar a la categoría de un órgano autónomo, es regresado a la condición de órgano subordinado al poder político, es decir, se reduce su autonomía y se le imponen controles desde afuera. El control del Ejecutivo que fue suprimido del IFE reencarna en un contralor del Congreso y se despide a los actuales consejeros en patadas escalonadas.

Con esta reforma se llega otra vez a un pacto centrado exclusivamente en lo electoral, que deja fuera de mira las cuestiones importantes, supuestamente resolubles por la ""reforma del Estado"" que en teoría el Congreso deberá entregar al país el ano que viene. La reforma del sistema de gobierno, el balance equilibrado entre los poderes de la Unión, la justicia para el pueblo, el federalismo. Todo esto se deja para después. Como lo ha dicho atinadamente Jorge Castaneda (El País, 14/09/07), en México se procede al revés de toda transición democrática efectiva, pues se decide primero cómo se distribuye el poder antes de determinar cómo debe ser ejercido.

El caso mexicano a estas alturas es más parecido a la transición democrática fallida de Rusia que a los de los pactos sustantivos que condujeron a cambios de régimen y de poder del Estado, como en el caso de Espana. Como en Rusia, la apertura política dispersó el poder antes concentrado en un solo partido, pero lo reconcentró en la ""nomenclatura"". No obstante, a diferencia de Rusia, en México el debilitamiento de la Presidencia y el fortalecimiento del Congreso ""empieza a representar una forma embrionaria de autoritarismo político, carente de controles externos"", como lo senaló Luis F. Aguilar (Reforma, 12/09/07).

De este modo, la entrada de México a la democracia arrastra buena parte de los jirones de un sistema político previo más parecido al totalitarismo que al autoritarismo de las dictaduras o caudillismos personales latinoamericanos.

A 11 anos de la reforma electoral de 1996, zqué nos ha dado la nueva nomenclatura partidaria y congresual? zTenemos un mejor sistema de gobierno al servicio de la sociedad? No. zSe ha resuelto o mejorado significativamente el problema del campo mexicano? No. zTenemos mejor infraestructura energética para propiciar el crecimiento económico? No. zSe cuenta con los tasas de recaudación fiscal que nos acerquen a los países de la OECD, a la que pertenecemos o, siquiera, al promedio latinoamericano? No. zSe ha puesto el sistema de justicia al servicio de la gente? No. zSe ha reducido relevantemente la corrupción en el ejercicio de los puestos públicos? No. zSe ha producido un equilibrio nuevo y productivo entre los poderes del Estado? No. zTenemos un mejor balance entre medios de comunicación de masas e información pública esencial para que el ciudadano se eduque y decida? No. zSe ha tomado provecho del clima democrático para propiciar una conducción económica que disminuya la desigualdad social lacerante? No.

La reforma electoral tiene virtudes. Elimina el mercantilismo mediático que ha rebajado la información y el debate político en la televisión a niveles paupérrimos. Reduce el costo y duración de las campanas. Suprime toda alusión a la prohibición de las candidaturas independientes, pero cautamente, sólo para ajustar el texto constitucional de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos y políticos signados por México. Pero los senadores rechazaron, por ejemplo, la unificación de los calendarios electorales, que mantienen al país en elecciones permanentes y otros aspectos elementales que una maduración democrática reclama.

El fin del ciclo ciudadano y el comienzo de un periodo burocrático es una mala senal. En vez de que la pluralidad política facilitase hacer frente, a través de pactos y negociaciones, a los grandes problemas nacionales, éstos van quedando de lado por las restricciones institucionales que persisten del viejo sistema y por la cortedad de miras de la clase política. Esta última es también una reminiscencia del pasado. Los reflejos de los políticos mexicanos que hoy predominan fueron moldeados por su inserción en los usos y costumbres del viejo sistema político.

Hay un problema temporal ineludible: la clase política muestra un envejecimiento transversal en sus formas de encarar los problemas. Sería comprensible que los que provienen de una militancia en los pliegues del viejo ""ogro filantrópico"", como lo nombró Octavio Paz, hubiesen pasado al museo. Pero lo cierto es que han proyectado sus antiguas costumbres sobre el presente, agregando una onerosa carga a la frágil democracia mexicana.

Nada hay de malo en que los partidos políticos se consoliden y tomen la dirección del Estado. El problema es que lo hacen dando la espalda al proceso de construcción democrática que debía tener su punto de llegada en la renovación del vínculo entre Estado y sociedad, que quedará pendiente una vez más. [email protected] + Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

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