El consultor fiscal y patrimonial, Néstor Gabriel López, señaló que la iniciativa de reforma fiscal para el próximo año plantea un endurecimiento a las cargas criminales administrativas, supuestos que se considerarían actos ilícitos relacionados a los comprobantes fiscales y la restricción de sellos digitales, además que busca ampliar la información que el SAT solicite en una revisión de escritorio; lo anterior se traduce en una mayor presión para todas las empresas.
—¿Cuál considera que sea la base de la iniciativa de reforma?
Va acorde a la situación macroeconómica global en la cual México está siendo arrastrado hacia una contracción mundial para el 2026, es posible verlo en elementos de la iniciativa como una probable reducción del gasto público, atraer capital de mexicanos en otros lugares y un incremento en la tasa de recargos por incumplimiento de obligaciones fiscales.
—¿Por qué dice que las cargas criminales administrativas se endurecerán?
En 2024 se modificó el artículo 19 constitucional para incluir como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, a cualquier actividad con falsos comprobantes fiscales, pero no había una definición de comprobante fiscal falso, la reforma plantea una, que pretende criminalizar todos los actos considerados dudosos por la autoridad.
Si bien se cometen esas conductas, en el modelo de comprobante falso supondría una que otra arbitrariedad, cancelándose sellos digitales limitando la operación en el ámbito comercial civil y operacional. Sin duda esto derivará en una compleja relación tributaria ante las líneas de control que deberán instrumentar los contribuyentes.
—¿Los medios de defensa serán garantía para los contribuyentes?
Considero que la reforma es estrictamente recaudatoria, tan es así que en la vía administrativa antes de acudir con un juez se debe con la autoridad fiscal para solicitar un recurso de revocación, una gestión que no amerita la garantía de interés fiscal, que se da con fianzas.
Ahora el recurso de revocación contra la misma autoridad, a través del departamento jurídico, sí tendría que ser garantizado, ahí va la problemática, porque pide de primera mano una prelación lo cual significa considerar desde la fracción 1, que pide pagar el crédito fiscal, o sea la autoridad dice primero págame y después nos peleamos y si tienes la razón te devuelvo, sin indicar que la devolución puede ser sujeta a una segunda revisión.
Vendrá una nueva facultad del fisco de revisar todo lo que conlleve un comprobante fiscal, que considera duplica la facultad de la autoridad, lo cual no es jurídicamente viable con otras facultades de fiscalización.
—¿Tendrá alguna implicación la reforma a la ley de amparos?
Hay que considerar que ya no habrá amparos para efectos fiscales. Antes la ley decía que se suspendía todo lo que la autoridad decía, dejaba operar a la empresa y mientras se resolvía el proceso no tuviera ninguna afectación. Con la reforma a legislación en materia, si el contribuyente recurre al amparo ya no habrá suspensión provisional.
Esto podría llevar a que los particulares digan que hacer negocio en México es más complicado. Lo que les queda por ahora es establecer de acuerdo con su capacidad administrativa programas de cumplimiento para evitar problemas.
