En lo que va del año, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ha recibido 72 asuntos de los cuales se han resuelto alrededor de 20, mientras que el resto se encuentra en proceso de revisión, la mayoría se relaciona con la promoción personalizada de servidores públicos.
En ese sentido, la consejera electoral, María Magdalena Vila Domínguez, explicó que servidores públicos han regalado despensas y otro tipo de ayuda a raíz del impacto de la pandemia en el ámbito económico.
Si bien es de reconocerse esta acción, lo malo, dijo, es que a esos artículos les colocan su nombre y cargo que ocupan, además del logotipo de su Ayuntamiento, lo que rompe la buena intención y va en contra de las normas político-electorales.
Para dar proceso a todos los asuntos que reciben por diversas razones, indicó que existe un reglamento especial sancionador el cual fue reformado recientemente, aprobado por el Consejo General del instituto.
Mencionó que el reglamento cambió en un 40 por ciento respecto al que existía anteriormente, que fue reformado en 2017, y el punto más relevante es la armonización a la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, realizada en abril de este año.
Se armoniza también con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales así como la Ley de Medios de Impugnación, ambas de orden estatal.
Destacó que toma en cuenta un apartado relativo al registro de personas sancionadas por incurrir en violencia política contra las mujeres en razón de género, derivado de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que ordenó al INE crear un sistema nacional de registro en dicho sentido, a efecto de que pierdan el privilegio de ser postulados para un cargo de elección popular.
Modificaciones
El nuevo reglamento especial sancionador otorga la facultad al secretario ejecutivo para emitir medidas cautelares en los casos de violencia política en razón de género, también podrá emitir medidas preventivas cuando las víctimas de conductas suscritas en este delito se susciten.
En el tema de medidas cautelares, el reglamento otorga facultades al instituto para realizar convenios o pedir la colaboración con las personas morales, medios de comunicación en redes sociales, diferentes a la radio y televisión, para el retiro inmediato de propaganda.
Se determina los objetos de responsabilidad por casos de violencia política en razón de género; además que establece un catálogo de conductas que constituyan dicho delito (armonizado a la normatividad federal), en ese tenor prevé medidas de reparación en todos los casos.