“La libertad de expresión en el país está más desprotegida, pues se vive desde 1917, cuando se promulgó la Constitución Mexicana”, dijeron los periodistas, incluso abandonan el mecanismo de protección porque resulta ineficaz e insuficiente.
A propósito de la conmemoración de la libertad de expresión, el periodista Bernardino Toscano recordó que pese a que el derecho está garantizado en el artículo 6º constitucional, hace más de un siglo no se reglamenta esa materia.
Hasta ahora no existe ningún tipo penal que advierta cuando se comete un delito contra la libertad de expresión, “y nadie se interesa en el tema, ni los mismos compañeros periodistas, o quizás algunos pocos, mucho menos que le interese a la clase política, a los legisladores”, lamentó.
El pasado 7 de junio, las y los periodistas salieron a las calles de Tuxtla Gutiérrez para exigir que se haga valer el derecho y se le haga frente a la violencia recrudecida contra el gremio, “por eso es necesario luchar en ese sentido”.
El periodista dijo que el 7 de junio es un día de lucha que debe llevarse a cabo de manera ordenada; así también instó a exigir el derecho ante el Poder Legislativo. Toscano expuso que el periodista tiene que estar más preparado para hacer su ejercicio periodístico, “que nuestras publicaciones estén bien respaldadas”.
Sin protección
A su vez, el periodista chiapaneco, Juan de Dios García Davish, por ejemplo, decidió desincorporarse del Mecanismo de Protección para Activistas, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas por considerar que no le brinda las garantías de seguridad que requiere.
“Pongo en manos de Dios la vida de mi familia y mi vida, y quiero dejar en claro que con esta declaración deslindo a las autoridades mexicanas de cualquier situación, atentado o agresión que pudiera sufrir”, explicó el periodista al hacer hincapié en que no confía en las autoridades locales y dijo sentirse cansado de esconderse, de no ser escuchado y menos atendido.
García Davish y la periodista María de Jesús Peters fueron amenazados de muerte el 13 de mayo de 2022 por parte del crimen organizado. El matrimonio fue obligado a huir de Tapachula para buscar refugio en Estados Unidos.
