La aspiración a una justicia accesible, pronta, completa, imparcial y previsible, basada en la letra o la interpretación jurídica o en los principios generales del derecho, tiene muchos obstáculos, uno de ellos es, precisamente, el estado del sistema nacional de justicia en México. A este sistema se le han hecho reformas, pero éstas han sido parciales, desarticuladas, caprichosas, incluso algunas inspiradas por el oportunismo político, según el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela.
Lo que es menester es una reforma integral del sistema de impartición de justicia del país, que tenga en cuenta lo que los ciudadanos requieren. Debido a ello, hace dos anos la Suprema Corte pidió propuestas para la reforma, con la advertencia de que sólo sería el conducto para someterlas a la consideración del Poder Legislativo. La respuesta fue de 11 mil 700 propuestas, que durante el ano anterior fueron analizadas y clasificadas por temas.
La mayoría de las reformas se refieren a la justicia penal, a la formulación de una nueva Ley de Amparo y al mejoramiento general del Poder Judicial. Fue una buena idea hacer la convocatoria y continuar el proceso para canalizar las propuestas hacia quienes pueden hacerlas realidad. Es histórico que el Poder Judicial cargaba con el considerable peso que significaba la presión del Ejecutivo, para lograr resoluciones de utilidad política; hoy esto puede ser diferente porque ya está en condiciones de mejorar sus instrumentos para desempenar su altísima misión con independencia, imparcialidad, objetividad y, sobre todo, con profesionalismo.
Aún falta un informe que describa más claramente qué tipo de reformas principales son las que se han planteado, pero ya hay una conciencia generalizada de las insatisfacciones que la lentitud y las deficiencias que la aplicación de la ley causan, de lo sorpresivas que resultan algunas resoluciones confrontadas con las percepciones públicas, y del excesivo sigilo con que gran parte del aparato judicial opera, a contrapelo de la franca tendencia a la transparencia y al escrutinio abierto que ya hoy anima a la sociedad en general.
Por supuesto, estamos convencidos de la necesidad de una revisión cabal del sistema nacional de justicia, para ponerlo al día, quitarle obsolescencias, articularlo mejor, dotarlo de suficientes recursos personales, materiales y financieros para funcionar y, sobre todo, imbuirle una formación puntualmente ética, como corresponde a la alta responsabilidad social que tiene como impartidor de justicia. Es sabido que el juzgador no sólo requiere el conocimiento de la ciencia jurídica, porque hay espacios en los que su única directriz es su propia conciencia, dice en su introducción el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Por ello hay que dotarlo de patrones de conducta que le mantengan presente la gran responsabilidad de su misión.
Una sociedad presa de la impunidad se orienta fácilmente hacia la descomposición y la desintegración. Ante la impunidad, el imperio de la justicia garantiza la convivencia civilizada y positiva, y otorga orden y coherencia a la comunidad.
Vale la pena reiterar que la justicia administrada con oportunidad, imparcialidad, independencia y profesionalismo, nos da a todos la certeza de vivir en un régimen de derecho, que es la garantía esperable después de haber construido un sistema que avanza en la democracia. Las reformas propuestas ayer han de ser analizadas cuidadosamente por el Poder Legislativo, que tendrá, así, la responsabilidad y oportunidad de contribuir a mejorar la impartición de justicia en nuestro país. (El Universal).
