Reformas ambientales, compromiso de MVC

Reformas ambientales, compromiso de MVC

“Hacía falta una ley que fortaleciera de manera integral la protección de los ecosistemas del estado, y en especial, que contuviera las normas legales para combatir el impacto ambiental ocasionado por personas y empresas que, en otros tiempos, únicamente pagaban cuantiosas multas y no reparaban el daño ocasionado a la naturaleza”, consideró el procurador Ambiental en el estado, Francisco Gurguha Domínguez.

La nueva ley, propuesta por el jefe del Ejecutivo estatal, Manuel Velasco Coello, que armoniza cabalmente con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, considera la actualización de instituciones y de categorías jurídicas, así como la creación y transformación de órganos encargados de la administración pública, enfocados en este ámbito, como la Procuraduría Ambiental, cuya función con su titular inició el pasado 1 de octubre, pero entró en vigor desde noviembre del año pasado con el decreto de creación.

“Dicha Procuraduría es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y ejecutora de los actos de autoridad que conllevan a la protección y preservación del medioambiente”, añadió Gurguha Domínguez.

En ese sentido, a la Procuraduría Ambiental en el estado de Chiapas se le otorgan atribuciones para iniciar actuaciones derivadas de mecanismos de participación como la denuncia popular, por actos, hechos u omisiones que constituyan o puedan constituir violaciones, incumplimientos o falta de aplicación de la normatividad ambiental en la entidad.

De igual, está facultada para iniciar investigaciones de oficio en esos mismos supuestos; conciliar intereses entre particulares, así como llevar a cabo actos de inspección en situaciones de emergencia o cuando esa atribución no esté asignada a otra autoridad.

Gurguha Domínguez dijo que gracias al compromiso del gobernador Velasco Coello, esta ley sienta un precedente en la materia, pues independientemente de robustecer la materia jurídica, se suma a la necesidad de crear un órgano rector administrativo como la Procuraduría Ambiental, la diecisieteava en la República Mexicana.