La Colectiva 50+1 Capítulo Chiapas consideró existe un fortalecimiento de los derechos de las mujeres y la niñez chiapaneca gracias a la reciente aprobación local de la Ley Malena y la Ley Monzón.
La organización se congratuló por la aprobación del Congreso del Estado a las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas, en materia de pérdida de la patria potestad por sentencia de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa.
Así como de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, para la tipificación del delito de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas.
Aprobación
El pleno de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado aprobó dos reformas a favor de los derechos de las mujeres y de la niñez. Al respecto quien esté procesado por feminicidio se le retirará la patria potestad de su hijo y en segundo término, se endurecieron las penas para quienes ataquen con ácido u otras sustancias a las mujeres, adolescentes y niñas.
Las reformas responden a demandas de colectivos feministas y buscan evitar la revictimización de las mujeres afectadas por la violencia de género.
La reforma al Código Civil para el Estado de Chiapas establece que aquellos padres que hayan sido sentenciados por el delito de feminicidio o su tentativa (Ley Monzón), perderán de manera automática la patria potestad, tutela, y derecho de convivencia, privilegiando el derecho de las mujeres y sus hijas e hijos a vivir con dignidad, seguridad y además de contribuir a la disminución de ataques contra la integridad de las víctimas y de sus familias.
Respecto al dictamen relativo a los ataques con ácido y sustancias químicas, se hizo énfasis en que el objetivo es tipificar, de manera precisa y contundente, la violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas.
Esta reforma busca proteger y garantizar los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas chiapanecas, asegurando que ninguna forma de violencia quede invisibilizada o impune. Al reconocer los ataques con ácido como una forma específica de violencia, se abre la puerta a una justicia más efectiva y a una atención integral para las víctimas.