Para el próximo proceso electoral los retos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) serán garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres, establecer medidas para erradicar la violencia política contra las mujeres en cada una de las etapas del proceso electoral, y garantizar que sean indígenas quienes sean postulados en los puestos que por derecho les corresponde.
Esto lo manifestó la consejera presidenta de la Comisión Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Sofía Sánchez Domínguez.
Indicó que en los últimos meses se han hecho una serie de reformas a partir de los derechos políticos electorales de las mujeres, pero también de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, que sin duda serán de relevancia para el próximo proceso electoral del 2021.
Las recientes reformas aprobadas por el Congreso del Estado responden a la obligación de armonización legislativa, que impone la paridad en todo y reconoce la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Específicamente, la reforma de paridad en todo garantiza que la mitad de los cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión, así como en organismos autónomos, sean para mujeres.
En el artículo 2 y 115 quedó establecido que en los ayuntamientos de elección popular directa se integrarán de conformidad con el principio de paridad, pero también se reconoce el derecho de los pueblos con población indígena para elegir representantes.
Violencia política
Sobre las reformas en violencia política contra las mujeres en razón de género, quedó establecida como un delito electoral a través de 14 conductas, con penas desde uno a seis años de prisión y multas, incrementándose en una mitad si la víctima es de un pueblo indígena.
Sobre las reformas que inciden en los pueblos originarios, la consejera mencionó que Chiapas es un estado pluricultural con más de 20 municipios y con más del 80 por ciento de población indígena, que representan el 30 por ciento de población total de la entidad.
“En este estado coexiste un sistema de partidos políticos con un sistema normativo indígena que no había reconocido formalmente, aunque no es seguro si los alcances de las últimas reformas electorales lleguen a dicho reconocimiento”, dijo.
Mencionó que el avance en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas es reciente, recordó que la consulta indígena en Oxchuc en diciembre de 2018 y la elección por sistemas normativos indígenas el 13 de abril de 2019, se dio en un contexto en el que no existían leyes locales.
“El IEPC garantizó el derecho al autogobierno y la libre determinación inicialmente por cumplimiento de una sentencia judicial, pero después se construyó el camino con la Comisión Permanente de la Paz y la Justicia de Oxchuc”, agregó.
Este proceso se retomó en un reglamentó que emitió el IEPC para regular las consultas de pueblos indígenas, y ahora en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuanto a procedimientos y a la garantía de la igualdad en la participación de género.
Sin embargo, refirió que el reglamento del instituto se encuentra impugnado porque a juicio del promovente no se cumplieron todos los requisitos de una consulta indígena, pero en la exposición de motivos del Congreso Local se argumenta que al haber hecho el IEPC la consulta para dicho documento, ya no se consideró necesario someter a consulta indígena la reforma.
Sánchez Domínguez comentó que después de cientos de años de discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas, es reciente la conquista sobre el reconocimiento de sus derechos, que parte del reconocimiento de su identidad a través de la autoadscripción, que es el principal mecanismo de identificación de pertenencia a un pueblo o comunidad étnica.