Luis Antonio López Herrera coordinador de atención social a grupos desplazados explicó que tres grupos de refugiados por intolerancia religiosa están en grave riesgo pues uno fue desalojado de la vivienda otorgado por el Gobierno y dos más están bajo amenaza porque las autoridades no han atendido el pago de las rentas de casas de protección.
Explicaron que el Gobierno Estatal y el Municipal de San Cristóbal necesitan coordinar acción para atender las necesidades de este sector vulnerable.
Por ello buscarán reuniones con la Legislatura Local para atender esta necesidad que podría engrosar las situaciones de riesgo en el estado.
Respecto de los grupos vulnerables detalló que uno de ellos, del caso Chilil del munixipio de Huixtán, el Gobierno Estatal dejó de pagar la renta de la casa de seguridad que habitaban por lo que fueron lanzados.
Estas seis familias buscaron refugio con familiares, en predios lejanos en otras pagan cuartos en vecindad sin protección de sus agresores.
El segundo caso atendía familias de “San José” del municipio de San Cristóbal de Las Casas, esas aún no han sido lanzadas pero tienen amenazan de desalojo.
El tercer grupo también habita en San Cristóbal, son gentes de San Gregorio del municipio de Huixtán también desde hace ocho meses no pagaba la renta, agua, ni luz.
Piden a las autoridades regular los pagos de las rentas de las casas pues los desplazados por intolerancia religiosa están bajo amenaza por lo que el Estado deberá protegerlos.
