En Chiapas, durante el año pasado, se documentaron, un total de 49 casos de tortura, la mayoría de ellos presuntamente realizados por funcionarios públicos y elementos policíacos, así lo dio a conocer Jorge Hernández del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Sin embargo, se presume que estos casos puedan ser muchos más, debido a que muchas de las víctimas no realizan su denuncia correspondiente, por miedo a represalias.
“Sabemos que es una cifra mínima respecto a todos los hechos de tortura que se dan en el estado, lamentablemente son pocas las víctimas quienes se atreven a denunciar la tortura sabiendo que quienes perpetraron esta acción son precisamente funcionarios públicos, especialmente policías y en ese sentido hay un elemento de miedo y amenazas”, señaló Jorge Hernández.
Ante esto, indicaron que la entidad sigue posicionándose entre los primeros lugares a nivel nacional con este tipo de prácticas y es que en pleno siglo XXI se sigue utilizando este método como modo de investigación policial, ya que no existe una policía científica que se aboque a una averiguación especial y por lo tanto tienen que recurrir a la tortura.
“El Frayba desde hace 30 años trabaja con víctimas y sobrevivientes de tortura, en temas que tiene que ver con documentación de tortura, acompañamiento psicosocial, trabajo con sobrevivientes y sus familiares”, detalló.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, aseguró que estas prácticas son comúnmente utilizadas para tener confesiones, inculpar o simplemente para detener a alguien.
Los municipios en donde se han presentado más denuncias son; Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas y Pichucalco. “Sabemos que, hay otros casos, que no se han atrevido a denunciar y estamos en proceso de investigación, pero los más recurrentes son en estos municipios”.
Lamentó que, hasta el momento por estos casi 50 delitos de tortura, no hay personas detenidas o que se encuentren en algún tipo de procesos por realizar estas prácticas.
“Lamentablemente la Fiscalía actual, las carpetas de investigación o las tiene paradas, las tiene en suspenso, o traspapeladas, sobre todo porque quienes están implicados son funcionarios públicos y entonces es difícil que una Fiscalía que no es autónoma tenga posibilidad de investigar a su propia gente”, enfatizó.
Finalmente, aseguró que aún falta mucho por realizarse en el tema de procuración de justicia, para llevar a juicio a perpetradores que cometan este tipo de ilícitos graves; y el mayor motivo se debe a que no existe una Fiscalía autónoma.
