Recientemente el Senado aprobó reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con la información de las personas deudoras de pensión alimenticia, padres y madres, y se garantice el oportuno cumplimiento del pago.
La abogada Marisela Aguilar Gerardo comentó que desafortunadamente en el ámbito familiar, en el concepto de alimentos, es la principal problemática; antes, cuando un juez emitía una sentencia de pensión alimenticia para el padre o la madre, no siempre se cumplía y no había una afectación para el deudor.
Aunque según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la obligación de la pensión alimenticia, la abogada dijo que también hay mujeres que por sentencia deben pagar este concepto y en sus excepciones algunas no lo hacían.
Con el registro se garantiza una vida digna para niños, niñas y adolescentes, sobre todo porque se establece una vinculación que va a limitar a los deudores en varios aspectos.
Se establece como requisito la presentación del certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos y trámites como licencias y permisos para conducir; pasaporte o documento de identidad y de viaje; participar como candidato a cargos de elección popular.
También, trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales. En las solicitudes de matrimonio; además, se prevén medidas de restricción migratoria, para que las personas inscritas en el registro no puedan salir del país.
La abogada dijo que se debe tener en cuenta los códigos civiles de cada entidad, para revisar qué instancia se hará cargo del registro de deudores alimentarios; en Chiapas será el Registro Civil, según se contempla.
Enfatizó que para ser efectivo la vigilancia del pago de pensión, es necesario iniciar un juicio de alimentos por mamá o papá, quien tenga la guarda y custodia de los hijos, para que un juez emita una sentencia y si no se cumple reportarlo para que sea registrado.
