La inevitable existencia de la práctica del cabildeo en la Cámara de Diputados, ha planteado ahora la necesidad de regularla para evitar que en el futuro desnaturalice la función legislativa. El tema se discute abiertamente después de que el martes 25 de este mes, el diputado panista Miguel Ángel Toscano expuso desde la tribuna que empresas de la industria tabacalera habían invitado al extranjero a varios legisladores para presuntamente lograr que votaran, como lo hicieron, en contra de un aumento de impuestos que los afectaba en forma directa. Analizado abiertamente, es razonable que para cumplir con su tarea legislativa los diputados conozcan y sopesen las informaciones y los puntos de vista de todos los involucrados en la materia de que se trate. Del mismo modo es comprensible que los afectados por la legislación deseen ser escuchados por los diputados con la esperanza de persuadirlos de las bondades de sus razones y lograr disposiciones consideradas o indulgentes. La confrontación franca de los diversos puntos de vista, en este caso de las companías tabacaleras y de los funcionarios de Hacienda, puede culminar en legislaciones justas, moderadas y útiles al propósito recaudador que rige a esta administración pública.
Lo que importa, y urge, es el cómo. Para ello es necesario plantear la reglamentación de la actividad de los cabilderos, de modo tal que comparezcan formalmente en comisiones o en reuniones oficiales en el recinto parlamentario, lo que dista mucho de proponer invitaciones particulares al extranjero y allá mismo, quizás, proponer argumentaciones que además de su carga lógica tendrían también el tono seductor de los anfitriones. En tales circunstancias, un legislador pasa a ser vulnerable en extremo. Rebasada, pues, la denuncia del diputado Toscano, debe encauzarse ahora hacia una solución institucional que reconozca la tarea de los cabilderos y la encuadre en el régimen de transparencia que ya es imprescindible en nuestra vida pública, y conceda certeza a los resultados, esos sí de la absoluta responsabilidad de los legisladores, y a la consideración eminente del interés público y social del país. Los cabilderos funcionan de forma regulada en Estados Unidos y en países de Europa. Reconocidos profesionalmente, desempenan una tarea digna, lejos de la sospecha de componendas y arreglos turbios.
La regulación de esta actividad puede poner al cabildeo bajo el escrutinio general y a salvo de delaciones que erosionen la confianza en la forma en que los miembros del Poder Legislativo deciden su voto. Justificada legalmente, requerida por necesidad y dado su valor consultivo, la tarea del cabildero puede dignificarse por encima de los gestores, asesores o encargados de relaciones institucionales que con la ventaja de las relaciones personales hechas a lo largo de su vida, adquieren peso para influir, o al menos ser escuchados, por los altos funcionarios del Gobierno, en beneficio de los representados que los emplean. Cada día es propicio para descubrir un área en la que es preciso establecer reglas claras y airear los procedimientos para que las tareas útiles no parezcan gestión de favores o gracias a cambio de boletos de primera clase para viajar al extranjero. En estas condiciones, aceptar este tipo de beneficios subterráneos, debiera ser sancionado por su carácter fuera de la ética legislativa. Estamos en la vía de la transparencia no como fin en sí misma, sino porque ha probado ser un instrumento efectivo en el combate a los variados y sutiles, o brutalmente descarnados, hábitos de la corrupción. (El Universal).
