Aunque existe el sentido humanitario de los mexicanos con los migrantes, urge que el gobierno (en su diferentes niveles), implemente mejores estrategias en materia de seguridad y salud, a fin de evitar problemas sociales y sanitarios dentro de las caravanas, sin embargo, el problema se ha vuelto mayor, toda vez que estas personas han retomado una ruta que fue abandonada en los últimos años: el uso del tren conocido como “La Bestia”.
Suchiate es uno de los municipios claves para que los migrantes ingresen a Chiapas (aunque la Frontera Sur es demasiada porosa), pero otro de los ayuntamientos fundamentales para seguir su recorrido y alcanzar el “sueño americano” se encuentra en Arriaga, lugar donde se ubica “La Bestia”, el tren que movió a miles de migrantes en los últimos años.
De las nuevas rutas que tomaban los hermanos de Centroamérica era la marítima, toda vez que el tren dejó de funcionar y de mover mercancía, situación que complicó el traslado de personas con rumbo a otros estados; “los coyotes” (como se les conoce a los que trafican con migrantes) cobraban, dicen los especialistas en el tema, hasta dos mil dólares por moverlos hasta Tijuana.
Las caravanas se han convertido en el negocio perfecto para lucrar con una necesidad social y, como el miedo vende, es más fácil convencer a los migrantes de emprender la ruta hacia Estados Unidos por los nuevos senderos, con o sin visa humanitaria.
En los últimos días, los migrantes se han concentrado en Arriaga con la esperanza de subirse a “La Bestia” y continuar el camino, aunque esto implique poner en riesgo su vida, además de los otros problemas que se pueden encontrar en el camino, principalmente con grupos delincuenciales. Pero no hay más opción si lo único que existe es esperanza y lo que menos tienen es dinero. Una persona ya perdió la vida en días recientes en este medio de transporte; al caer, algunas partes de su cuerpo fueron mutiladas.
Congreso
Omar Molina Zenteno, presidente de la Comisión de Seguridad Social en el Congreso de Chiapas, comentó que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene que hacer un esfuerzo extraordinario, para saber a plenitud quiénes son los que están ingresando a territorio nacional, considerando que se ha tenido información que en este éxodo también vienen personas que tienen un historial delictivo en sus países de origen.
No es casualidad esta petición; desde octubre del año pasado -cuando el problema se agudizó en México, en la Frontera Sur y en los municipios que forman parte del corredor migratorio, se han presentado una serie de enfrentamientos, redadas y actos delictivos que han generado pánico entre la población.
Diversos organismos empresariales, particularmente, en Tapachula se han pronunciado para que el gobierno atienda este fenómeno social, debido a que ha traído como consecuencia el incremento de actos delictivos y la baja en ventas; incluso, solicitaron al INM que ya no entregue visas por razones humanitarias.
Conflictos
El pasado 25 de abril de este año, el INM emitió una postura con relación a la fuga masiva de miles de migrantes (principalmente cubanos), la cual se dio al interior de la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en el municipio de Tapachula.
La dependencia federal reconoció que no cuentan con los elementos necesarios para hacer la contención de las personas que llegan al lugar -pero tampoco para darle albergue a tantos migrantes-, las condiciones de hacinamiento que hay en la zona y la falta de atención, provocaron el desorden.
En el pronunciamiento, no se informó con exactitud el número de ciudadanos que se fueron, sin embargo, calcularon que de las personas que se marcharon 700 regresaron a la estación y otras 600 estaban en proceso de ser ubicadas.
Legislación
Desde el recinto legislativo, aunque por muchos meses el presidente de la Comisión de Población y Asuntos Migratorios en el Congreso Local, Sergio Rivas Vázquez, guardó silencio sobre el tema (y fue hasta hace unas semanas que subió a tribuna para abordarlo); las declaraciones que causaron polémicas fueron las que emitió Olvita Palomeque Pineda, legisladora local, quien calificó a los migrantes como una «invasión», que era un asunto ya incontrolable para las autoridades y que la caravana significaba una amenaza para toda la población.
Dijo que el gobierno federal debe cuidar los derechos humanos de los mexicanos, debido a que las personas que vienen de Centroamérica y de otros países del mundo, están ingresando de forma desordenada, violando las leyes migratorias.
También se pronunció para cuidar el aspecto sanitario, porque consideró que en Chiapas no hay como hacerle frente a cualquier epidemia que se presente.
Sobre este aspecto y, por lo menos en lo que respecta al VIH, Alejandro Rivera Marroquín, coordinador estatal del Programa VIH-SIDA de la Secretaría de Salud, calificó como un mito y hasta un asunto de prejuicio pensar que las caravanas de migrantes van a propagar este virus en el estado.
En su opinión, esta situación no va a ocurrir debido a que los migrantes van de paso; sin embargo, aseguró que en la dependencia estatal se están implementado estrategias de prevención para hacer pruebas rápidas a las personas que así lo soliciten y, cuando se detectan casos positivos, cuentan con todos los tratamientos para la población.
En Chiapas, la Secretaría de Salud sí atiende casos de VIH en migrantes, pero se trata de aquellos que son residentes en el estado o que llevan varios años viviendo en la entidad.
Por su parte, Molina Zenteno consideró que puede ser viable establecer una “veda” o restricciones, para no permitir el ingreso a todos los migrantes, porque no se pueden avalar todos los percances que se han presentado hacia las instalaciones migratorias.
A través de distintas plataformas se ha informado de algunos casos (aunque no es la generalidad) donde presuntos migrantes han cometido actos ilícitos y que han terminado con la vida de elementos de la policía, de profesionales y hasta taxistas.
En el Congreso de Chiapas se propuso que en los ayuntamientos se incorporen Comisiones para darle atención a migrantes y se eviten más afectaciones sociales, económicas y hasta políticas.
Vigilancia
El problema creció tanto de 2018 a la fecha que, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), tiene documentado que en el último mes se han repatriado a más de cuatro mil migrantes, debido a que no contaban con la documentación necesaria para estar en territorio nacional.
El mismo organismo autónomo también tiene conocimiento de irregularidades que ha cometido funcionarios municipales, quienes han impedido el ingreso de migrantes a los ayuntamientos y esto ha derivado en la emisión de medidas cautelares.
Lo que llama la atención, es que asociaciones civiles no han presentado quejas a la CEDH por anomalías, según el presidente Juan José Zepeda Bermúdez, esto se debe a que se trata de un problema federal y se buscan esos canales para expresar las inconformidades.
El problema de la migración requiere ahora de la intervención urgente de los tres órdenes de gobierno, para controlar este problema que ya afecta a la mayoría de los municipios que se encuentran en la franja fronteriza, en Chiapas.
