La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que la regulación que impone tope a los precios del gas LP fue aprobada sin análisis de impacto ni consulta pública. Además de que esta medida puede generar afectaciones a la competitividad.
De acuerdo a la representación en Chiapas de la cámara, este proyecto no contó con el aval técnico de la Cofece para determinar los impactos en la competencia.
A través de un pronunciamiento, recordó que la tarde del 29 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una regulación presentada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) cuyo objetivo es definir la metodología y criterios para determinar los precios topes que se aplicarán a la venta de gas licuado de petróleo (LP) y que podría generar afectaciones irreversibles para la competitividad en la nación.
“La regulación parte de un modelo de una hipotética planta distribuidora eficiente -de la que no se aclaran los elementos y datos utilizados para su modelado- y divide al país en 145 regiones, cada una con un precio tope diferente”, cita el escrito.
Explicó además que la regulación obtuvo un proceso exprés por parte de la Conamer, ya que fue publicada el mismo día en que se recibió, con lo cual quedó cancelada toda posibilidad de hacer un análisis de impacto y su respectiva consulta pública.
“Como hemos advertido anteriormente, la aprobación ‘fast track’ es recurrente en proyectos vinculados al sector energético”, expuso.
La cámara empresarial indicó: “Consideramos que la Sener solicitó a la CRE emitir una política de precios muy compleja en tan sólo tres días, lo que pone en riesgo la calidad de la regulación y no permite enriquecer el contenido con la opinión de voces expertas en el tema”.
En ese sentido, consideró que para evitar que la población registre mayores afectaciones a la economía familiar debido a los incrementos en precios internacionales, se debieron aplicar alternativas más eficientes que ya están contempladas en la Ley de Hidrocarburos, como lo es el Subsidio Focalizado.
En tanto, el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Guillermo Acero Bustamante, consideró que el proyecto federal para la distribución de gas denominado Gas Bienestar podría ser de ayuda para el sector restaurantero, el cual se encuentra en una crisis derivado de las afectaciones ocasionadas por la pandemia de covid-19.
De acuerdo con el anuncio que hiciera el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Gas Bienestar venderá cilindros de gas de 20 y 30 kilos a precios bajos o moderados, con el objetivo de generar más competencia en el mercado.
Para ello se comprarán vehículos, cilindros de gas y se instalarán equipos.
Se trata de una nueva empresa del Estado que dependerá de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el fin de disminuir el precio del gas LP.
El empresario restaurantero opinó que como proyecto para apoyar a la economía es positivo, ya que “el Estado debe dar las condiciones para que la planta productiva genere la riqueza del país, es por ello que, viendo la problemática del incremento desmedido en los costos del gas LP, ha tomado esta propuesta de la venta directa al público a menor costo, lo que impactaría en el punto de equilibrio en los empresarios restauranteros”.
Esto, consideró, ayudaría a tener una mayor rentabilidad, lo que haría viable este proyecto, ya que la realidad es que los constantes abusos en los costos impactan directamente a los empresarios; con ello, tanto los restauranteros como la población se verían beneficiados.
Sin embargo, expuso, se deben tomar en cuenta que las empresas que se dedican a la venta y distribución no se vayan a la quiebra.
“Ya que de ocurrir esto, se perjudicaría a la riqueza del país y del estado en cuanto a la generación de empleos y de impuestos. Habría que cuidar esta planta productiva que no vaya a quedar desprotegida”, concluyó.
