Reiteran rechazo a la minería

Reiteran rechazo a la minería

A siete años de conformarse como la organización Frente Popular en Defensa del Soconusco, habitantes de esta región reiteraron su posición de no permitir ninguna actividad minera y extractiva, porque aseguran, los ríos y territorio de Acacoyagua y Escuintla siguen amenazados por la minería, hidroeléctricas y el gasoducto Istmo-Escuintla, Guatemala.

Esta organización adherida a la Red Mexicana de Afectados por la Minería, asegura que a pesar de que los proyectos “Casas Viejas” y “El Bambú” fueron suspendidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), empresarios conformaron el Comité Regional de Minería para seguir mal informando sobre los supuestos beneficios de esta actividad.

Buscan también mantener negociaciones con los ejidatarios para volver a abrir las obras en la mina Cristina, ubicada en el ejido Libertad, Acacoyagua. Visitan, mantienen reuniones y ofrecen dinero.

Señalan que la mina Cristina cuenta con una autorización para las actividades de explotación y exploración, emitida en un resolutivo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hace 18 años.

Después de casi 20 años le dicen a las instituciones responsables de proteger el derecho a un medio ambiente sano, que los pobladores de Acacoyagua no autorizaron una obra “inocente de solo trituración de piedra”.

Aunque aseguraron que los “jales no contienen soluciones ni sólidos tóxicos”, la mina es aún un boquete que alberga agua turbia filtrándose en los cuerpos de agua “con las que nos alimentamos y realizamos nuestras actividades diarias”.

“Las leyes ambientales en México nos demuestran que definitivamente la minería en México debe ser prohibida, no queremos más mentiras sobre su regulación o si es sustentable o no”, comentaron.

El Frente Popular en Defensa del Soconusco exigió a la Profepa mostrar información del programa de monitoreo ambiental que realiza en esta zona, especialmente sobre los jales albergados en la mina Cristina.

Entendiendo que si la ley ambiental protege durante tantos años a los empresarios, entonces también debería estar vigilante del territorio antes, durante y después de haber sido explotado.