Una reunión de alto nivel para alinear el relanzamiento del Programa de Microcuencas en Chiapas se efectuó en la Secretaría del Campo, donde se revisó el diagnóstico de unas 700 a 800 microcuencas, y se confirmó que cerca de cien presentan deterioro grave en su estructura ambiental y productiva.
Participaron los titulares de las Secretarías del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, y de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, junto con Juan Carlos Gómez Aranda, coordinador de Asesores y Proyectos Estratégicos del Gobierno, además de Jorge Constantino Kanter, subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Walter López Báez del Inifap, técnicos, biólogos y funcionarios de diversas dependencias.
En este sentido, coincidieron en que el gobernador ha definido a las microcuencas como prioridad estratégica para revertir la degradación, mejorar la infiltración de agua y fortalecer la relación entre conservación y actividades productivas en el territorio.
Relanzamiento oficial
El programa será relanzado oficialmente el 23 de febrero con una visión integral que articula esfuerzos de dependencias estatales, federales y municipales para acelerar resultados y elevar la eficacia de las intervenciones.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) presentó el estudio de caracterización y jerarquización de microcuencas, una herramienta técnica que orientará decisiones en materia hídrica, forestal, agrícola y de gestión territorial con énfasis en la sustentabilidad. La propuesta incorpora criterios que permiten la coexistencia de ganadería, silvicultura y agricultura con manejo responsable del suelo y la vegetación, favoreciendo la recuperación ecológica y el desarrollo productivo.
Los asistentes plantearon la creación de un gabinete ambiental y de productividad con reuniones calendarizadas para ordenar acciones, supervisar avances y transparentar la ejecución de recursos y programas.
Se destacó que la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar busca establecer una política ambiental con resultados medibles y un modelo de coordinación institucional semejante al gabinete de seguridad para asegurar seguimiento.
