“El gobierno debe de aplicar la justicia en caso del conflicto entre el municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha, perteneciente a Chenalhó”, afirmó la relatora para México y Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien ayer martes inició una visita a la zona.
“Hay una necesidad, y en eso las autoridades pueden trabajar con la investigación, con el compromiso de detener a los responsables de estos hechos porque son hechos que le quitan la vida a la gente y ese es un derecho que hay que proteger, el derecho a la vida”, dijo en entrevista al finalizar una reunión privada en la localidad de San Pedro Cotzilnam, con pobladores de Aldama, afectados por la violencia.
“Para mí, es esto fundamentalmente; hay otras necesidades por supuesto, pero comenzar con que haya una decisión de justicia que identifique a los responsables, y eso es lo que claman, una investigación que los lleve a identificar a los responsables y que sean sancionados los hechos”, agregó.
Arosemena de Triotiño visitó la zona para constatar la aplicación de las medidas solicitadas por la CIDH para 22 comunidades tsotsiles en los municipios de Chenalhó y Aldama.
Los representantes de las 12 comunidades beneficiarias de las medidas
cautelares con núm. 284-18 de la CIDH y los representantes de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados manifestaron que “lo único que pedimos es vivir en paz y poder retomar nuestras vidas cotidianas, para que la niñez retorne a las aulas escolares, que el tránsito sea libre, sin miedo, ir a nuestras parcelas y ya no seamos cazados como animales”.
Recordaron que “todo empezó por una disputa de tierras de 60 hectáreas, lo que ha llevado a nuestro pueblo a la pobreza, migración de muchas personas por no poder trabajar en sus parcelas y también se han perdido muchas cosechas por el abandono a consecuencia de las agresiones, lo que provocó desplazamientos forzados permanentes e intermitentes, así como varios heridos y fallecidos”.
Exigieron el cumplimiento de las peticiones de los representantes de medidas cautelares: “Libertad inmediata e incondicional a nuestro compañero Cristóbal Sántiz Jiménez; indemnización y reparación del daño a su persona; cancelación de las órdenes de aprehensión de quienes fueron representantes de los 115 comuneros anteriormente, desde que empezó esta problemática; seguimiento en atención médica, psicológica, rehabilitación de los heridos de gravedad; y que los tres niveles de gobierno apoyen con recursos en atención médica e indemnización de los heridos y muertos a partir del 8 de mayo de 2021 hasta la fecha, así como por la pérdida de cosechas”.
La comitiva de la CIDH realizó un recorrido por las comunidades de Tabac y Cocó, dos de las más afectadas por la violencia ocasionada por grupos armados de Santa Martha, Chenalhó.
La comitiva fue acompañada por agentes de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, representantes de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados, así como representantes de las 12 comunidades con medidas cautelares y miembros del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (Frayba).
