Las causas del fenómeno de desplazamiento interno en México son multifactoriales y diversas, originadas por la violencia; además de los proyectos de desarrollo, la minería, tala ilegal, conflictos electorales, religiosos y agrarios, destacó Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas.
Para evaluar la situación de derechos humanos de las personas en esta condición, la relatora visitó Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Jalisco, entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre.
Se trasladó a comunidades afectadas por los desplazamientos internos, donde sostuvo reuniones con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, entidades autónomas de derechos; además de funcionarios federales y estatales de los tres poderes de gobierno.
Entre las observaciones preliminares que presentó, previas al análisis y las recomendaciones que dará al Gobierno de México en junio de 2023, destacó la falta de eficacia de las autoridades, especialmente en el ámbito de la justicia penal.
Así también los impactos diferenciales del fenómeno entre distintos grupos de personas como las mujeres, la comunidad LGBT+, los pueblos indígenas y las niñas, niños y adolescentes (NNA).
La adopción de una legislación especializada en materia de desplazamiento interno es un paso esencial para formalizar el reconocimiento de la problemática. Para su efecto, consideró la importancia de la aprobación en el Senado de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno; con una clara distribución de competencias y adecuada distribución entre los poderes.
Registro único
Para la relatora existe preocupación por la dificultad para acceder a la calidad de víctima en México, dado que en la mayoría de los estados el desplazamiento interno forzado no está tipificado como delito; a igual que un alto número de víctimas no están registradas, ante la desconfianza que les implica acudir ante las autoridades.
Jiménez-Damary urgió a implementar un registro federal único de personas desplazadas, además de los registros estatales, y que este registro incluya a desplazadas de facto además de las víctimas jurídicamente reconocidas.
Hasta julio de este año se contabilizaron en México 3 mil 411 episodios de desplazamiento forzado masivo. Mientras que en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (Frayba) tiene la documentación de al menos 16 mil 400 personas desplazadas.
