"La renovación de la Presidencia del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas es un hecho que está en la misma dirección del orden y del derecho, pero además es una demanda de la ciudadanía que ha visto afectado su derecho a ser asistida en la defensa de sus garantías. El hecho está entre los pendientes que se habrán de atender a la mayor brevedad y marcará un nuevo rumbo para ese orgnismo tan necesario en esta entidad.
Pero además, dicha renovación es congruente con el respeto a la ley, pues como se sabe, quien ha fungido como presidente, Florencio Madariaga Granados, ha sido severamente criticado y exhibido por una serie de irregularidades entre las cuales destaca el hecho de poseer dos distintos documentos de la Cédula Única de Registro de Población, lo cual, de acuerdo con los que conocen de este tipo de trámites, sólo se pudo hacer con la existencia de dos diferentes actas de nacimiento. Lo anterior, aparte de ser una grave irregularidad sancionada por la ley, es sumamente inrigante, pues para qué alguien querría poseer este tipo de documentación oficial falsificada.
De acuerdo con legisladores locales que han sido consultados por Cuarto Poder, la remoción del consjero Madariaga Granados es un hecho, ya que son muchas las ilegalidades que pesan en su contra, además de haber provocado una evidente e indeseable agitación en el interior del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, lo cual se traduce en contra de Chiapas.
Integrantes de la Mesa Directiva han reconocido que son muchas las acciones de ilegalidad en las que ha venido incurriendo el consejero citado. Se acepta que ""todo empezó mal"", ya que solamente fue respaldado en ese encargo por uno de los rectores de universidades que supuestamente atendió la convocatoria respectiva previa a su elección, de la cual no existe evidencia de haberse hecho.
La agitación que se observa persiste en el citado Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas deberá pues ser superada mediante la separación del consejero mencionado para que la normalidad y la legalidad se reinstauren en ese organismo que prácticamente se ha convertido en el centro de atención por las estridentes denuncias que se han venido haciendo.
A todos los chiapanecos interesa una instancia protectora que esté al pendiente de su labor, pero hasta ahora lo único que se ha visto es la disputa que existe en el interior, además, al igual que hace trece años, cuando vimos con azoro la presencia de dos presidentes en el Tribunal de Justicia estatal, hoy está sucediendo una situación que podría llevar a la confusión.
Así pues, no hay argumento ni justificación para no hacer lo necesario en el camino de la restitución de la legalidad en el Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, pues de posponerse lo único que se obtendrá son mayores conflictos que continuarán dañando el derecho de los chiapanecos a contar con un organismo de representación y asistencia que realmente proteja de eventuales abusos. Hoy, como está el Consejo, a nadie sirve.
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