"Gaspar Romero * CP. El diputado local del PRI, Roberto Domínguez Castellanos, afirmó que los servidores públicos deben estar expuestos al escrutinio público, a la revisión de cuentas y a proporcionar la información que la sociedad requiera como una responsabilidad de gobernar.
Para ello fue creada la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública en el Estado; con ello se ""garantiza"" la transparencia y el derecho a la información cuyo ámbito de aplicación obliga a los tres poderes, a los ayuntamientos y a los órganos autónomos, a informar y explicar a los ciudadanos sobre decisiones.
Hoy en día la rendición de cuentas es una obligación de los servidores públicos y un derecho ciudadano para consolidar la democracia.
En tanto a la fecha no ha sido integrado el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado, sólo se les ha tomado la protesta respectiva a los titulares, pero no cuentan con oficinas públicas ni página de Internet, mucho menos con una línea telefónica. Se espera que en el transcurso de este ano se logre operar dichas oficinas.
Sin embargo, dentro del marco legal que menciona la Ley de Transparencia, no destaca una verdadera autonomía para decidir entre los connotados el camino que debe llevar la información, pues los tres dependen del Ejecutivo en turno, tampoco se contempla a los órganos descentralizados de gobierno.
Durante el gobierno pablista se retrasó la propuesta para la creación de la Ley de Transparencia en Chiapas, incluso las propuestas del PAN iban en el sentido de cerrar totalmente la información pública. Con la actual ley los puntos no son muy claros en cuanto a la información pública, además hay un exagerado nivel de encriptación de dicha información.
El diputado local Enoch Araujo Sánchez, del PAN, pidió que la Ley debe ser revisada ante lagunas legales.
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