La Oficialía de Partes del Congreso del Estado recibió desde el dos de diciembre la renuncia al cargo del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, quien en su momento fue ratificado para ocupar el puesto hasta por nueve años después de la transformación de la Procuraduría local.
A través del dictamen que se hizo llegar a este medio de comunicación, son cinco personas las que están como propuestas para hacer el relevo, sin embargo, será el Ejecutivo quien mande sólo una terna para que se someta a votación.
Posterior a esto -dice el documento que viene con la firma del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Octavio García Macías, así como del vicepresidente Ricardo Zepeda Gutiérrez, Haydeé Ocampo Olvera, secretaria y Kalyanamaya de León Villard, vocal- el “Congreso del Estado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al fiscal general del Estado con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes”.
Con lo anterior, hoy viernes en una sesión programada para las 14:00 horas, los diputados tienen que aprobar a las cinco personas que aparecen en las propuestas que hizo la Comisión de Justicia y que responden a los siguientes nombres en orden de candidatura:
Amanda Farfán Ruiz, Juan Carlos Alfaro Cruz, Olaf Gómez Hernández, Irasema Gómez Hipolito, Gregorio Pérez Gómez.
Después de que se haga oficial lo establecido en el punto 2 del orden del día, la lista se enviará al Poder Ejecutivo para que, dentro de los siguientes 10 días, devuelva una terna para que los legisladores hagan el análisis y también contarán con 10 días para comunicar su decisión final.
Finalmente, es importante mencionar que los candidatos y candidatas antes citados cumplen con los requisitos de ser chiapanecos por nacimiento, tener (al menos) 35 años de edad en el momento de la asignación, contar con 10 años de trayectoria (tener título, cédula profesional de licenciado en Derecho), así como contar con buena reputación y que no que no hayan sido sancionados por violación a los derechos humanos.
