Una vieja Ley de Neutralidad, emitida durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, ha mantenido al país -hasta la fecha- ajeno a cualquier intervención mexicana en conflictos internacionales. Ello con apego al principio de libre autodeterminación de los pueblos y respeto a su soberanía. Aun así, la Cancillería está dispuesta a cabildear entre la sociedad para hacer que México intervenga en Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU.
Dice la subsecretaria general de Administración de la ONU, la mexicana Alicia Bárcena, que somos uno de los principales contribuyentes del organismo, lo que nos da derecho a tal participación, y que Brasil ha jugado un papel más activo y de liderazgo en la materia.
La intención de superar el concepto de neutralidad no es nueva. Sin embargo, el tema no es sencillo, porque las ventajas de mandar soldados mexicanos al mundo, así sea en nombre de la paz y los más altos intereses de la humanidad, no son tan evidentes. Por eso el diálogo que la Cancillería anuncia que emprenderá para sensibilizar a la sociedad sobre las bondades de esta medida deberá ser, en efecto, amplio y serio, para que sus resolutivos sean igualmente válidos.
Es evidente que el mundo de 2008 no es el mismo que el de los anos 30 del siglo pasado. Las condiciones geopolíticas y el equilibrio internacional de fuerzas obedece a otros imperativos, lo que no necesariamente nos obliga a romper una neutralidad diplomática que, por décadas, nos ha ganado más respeto que repudio en el concierto mundial de naciones.
Habrá que evaluar muy bien si en verdad nos conviene alinearnos en torno de la ONU o de cualquier otro polo hegemónico de coyuntura.
Pros y contras de las manifestaciones
Regular las marchas en el Distrito Federal es un tema polémico, que suele dividir a la población entre los que claman por el irrestricto respeto a la libre expresión de sus ideas y los que piden proteger su respectivo derecho de tránsito, porque en alguna o más ocasiones se han sentido agredidos por quienes se manifiestan en las calles por alguna reivindicación económica o política.
Un derecho contrapuesto a otro es una situación jurídica que no es fácil de conciliar. En el Senado de la República, a iniciativa del Partido Verde Ecologista de México, se analiza una iniciativa de rango constitucional para prohibir manifestaciones en las vías primarias del Distrito Federal, sin anular el derecho a salir a las calles de quienes deseen protestar.
El análisis deberá hacerse con calma y sin precipitaciones políticas de quienes desean exterminar cualquier forma de disidencia, ni tampoco de quienes pretendan ideologizar el debate y llevarlo a alguno de los extremos de la polarización social.
En el tema no sólo deben intervenir políticos de todo cuno, sino economistas de los que analizan las pérdidas de hora-hombre por este tipo de manifestaciones, los politólogos que revisan las desventajas de impedir que la gente salga a las calles, así como la pertinencia o desgaste de este tipo de expresiones de lucha social. Incluso los ecologistas tienen mucho que decir al respecto en materia ambiental.
El Senado de la República se ha caracterizado por hacer avanzar sus iniciativas mediante la construcción de mayorías y consensos que suelen ser difíciles de alcanzar en estos tiempos. Aprovechemos este privilegiado foro para lograr resultados en este tema, donde todas las fuerzas políticas puedan opinar y acordar lo que más convenga al país y a la democracia. (El Universal).
