De acuerdo al Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2021, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 53 % de las víctimas nacionales son originarias de Chiapas, Chihuahua y Nuevo León; tan sólo en 2020 se identificó el mayor número de víctimas, con 1,072 en total. 102 víctimas fueron chiapanecas.
El 95 % habla español, 5 % es hablante de alguna lengua indígena, sin embargo, el organismo nacional identificó que el 64 % corresponde a personas de comunidades indígenas, siendo tzotziles y nahuas los más comunes.
Sobre los lugares de destino, se contempla que víctimas originarias de Chiapas han terminado en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes.
El estudio destaca que la población indígena tzeltal y tzotzil es la que más suele caer en la modalidad de explotación laboral, con la venta de productos a destajo, de artesanías y en servicio doméstico.
Según un estudio reciente de Hispanics in Philanthropy, en Chiapas el grupo de mujer y niñas menores es proclive de ser víctima de trata, especialmente indígenas de entre 10 y 16 años, debido a que culturalmente en la entidad se practica el matrimonio forzado entre esta población.
De acuerdo al informe del Observatorio para Prevenir y Combatir la Trata de Personas, en las comunidades tzeltales y tzotziles de Los Altos de Chiapas se practica la trata de personas para transportar a indígenas al norte del país (principalmente Nuevo León, Sinaloa, Sonora) para trabajar como jornaleros.
Sobre los “enganchadores”, se sabe que tras hacer una oferta de trabajo a grupos de jornaleros indígenas en sus comunidades, se encargan de sus traslados, alimentos, zonas de pernocta (indignas e insalubres), seguridad (limitada) y su retorno a sus lugares de origen (en vehículos inapropiados y en condiciones de hacinamiento), sin que ninguna autoridad supervise a tales “contratistas” o enganchadores.
De acuerdo al informe del Observatorio, a la población víctima de Chiapas la transportan a otros estados del país para ser explotadas, específicamente a Baja California, con fines de explotación sexual en centros nocturnos y tables dance. Sin embargo, no se especifica si las víctimas también eran de origen indígena o no.
Por su parte, la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, en 2020 ubicó seis delitos contra la trata de personas con fines de trabajo forzado, explotación sexual y prostitución; las víctimas provenían de Chiapas y algunas eran pertenecientes al pueblo indígena tzotzil.
De acuerdo al Observatorio, en el estado se ha intensificado la trata de personas con prácticas recientes, con la finalidad de solventar negocios ilegales como el etnoporno, una serie de videos pornográficos en los que adolescentes de la etnia tzotzil y tzeltal aparecen alcoholizadas y sin la capacidad de consentir el acto sexual, incluso aparecen niñas de no más de 10 años en las portadas de los videos.
