"Carlos Herrera * CP. En San Juan Chamula, un municipio ubicado en la zona Altos de Chiapas, pertenecer a la religión evangélica significa encarcelamiento, amenazas de expulsión, agresiones físicas, pago de multas indebidas e incluso el que ninos sean expulsados de su escuela.
Uno de estos casos ocurrió en la comunidad de Chicviltenal, donde católicos tradicionalistas encarcelaron al indígena Amado Hernández Hernández, de 29 anos de edad y a su madre María Hernández Hernández, de 54 anos. Los dos estuvieron en la cárcel de Chamula la noche del miércoles y fueron liberados a las nueve de la manana del jueves.
""Hace días se reunió la gente de la comunidad, enviaron 'los mayoles' (policías) a mi casa y me llevaron donde estaba reunida la gente; me preguntaron sobre la religión y me preguntaron si practicaba eso, le dije que sí, pero no quieren que yo practique la religión en la comunidad, se enojaron y me llevaron a la cárcel de la cabecera de Chamula"", explicó.
Amado recordó que en esa ocasión ya habían detenido a cinco evangélicos pero que liberaron a tres, entre ellos a su hermana Nicolasa Hernández Hernández, quien fue golpeada.
Para ser liberados, Amado fue obligado a firmar un pagaré por la cantidad de 3 mil 500 pesos, además de un documento en el que ""acepta"" que le corten el servicio de agua, luz y que dos hijos y un sobrino ya no vayan a la escuela primaria bilingüe ""Erasto Urbina"".
En entrevista, indicó que estos documentos fueron firmados en presencia de Manuel Munoz Gómez, quien hace días era maestro de la escuela de la que fueron expulsados los ninos y que ahora funge como Presidente del Concejo Municipal de Chamula, aun cuando todavía no es reconocido por el Congreso de Chiapas, pero ya impone multas.
Amado Hernández detalló que ese mismo jueves un grupo de enojados católicos cortó el servicio de luz y agua a 14 evangélicos que viven en la comunidad de Chicviltenal.
Aparte de sufrir estos abusos y humillaciones, Amado narró que los católicos tradicionalistas ""me amenazaron con echarme gasolina, que me quemarían o que iban a quemar mi casa"".
El indígena evangélico, quien aseguró que seguirá con su religión, responsabilizó de cualquier agresión a Ignacio Gómez Gómez, presidente del Patronato de Agua de dicha localidad y a Pedro López Sántiz, del Comité de Educación, quienes lo amenazaron.
La Organización de los Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (OPEACH) expresó su repudio a estos hechos e informó que dieron parte a la Fiscalía Indígena, con sede en San Cristóbal de Las Casas, para que dicha dependencia intervenga y aplique la ley.
Agregó que durante la detención, los católicos le dijeron a Amado ""que debía irse a San Cristóbal para ejecutar sus prácticas religiosas, a lo cual Amado respondió que no estaba causando danos para correrlo de su comunidad, que sabía que tenía derechos constitucionales"".
En un comunicado, la organización manifestó que ""estamos enfrentando nuevamente un caso de intolerancia religiosa en el municipio de Chamula; en anos anteriores estos problemas han significado expulsiones y derramamiento de sangre, pero los pueblos evangélicos que representamos no estamos dispuestos a soportar violaciones a nuestros derechos"".
Exigió ""el respeto a nuestras creencias y prácticas religiosas, así como la aplicación de todo el peso de la ley para aquellos que continúa ejecutando prácticas discriminatorias, de expulsión, de detención ilegal, despojo de tierras, cobro de multas indebidas"", etcétera.
En San Juan Chamula, un municipio ubicado a unos 11 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas, católicos tradicionalistas expulsaron a más de 30 mil indígenas evangélicos, aunque también se registraron decenas de muertos, despojo de tierras y danos a viviendas.
El pastor Esdras Alonso consideró que este caso ""es un foco de atención y un momento clave para que el nuevo gobierno atienda la problemática de manera integral"", no sólo en Chamula, sino en el resto de los municipios donde se han presentado casos de intolerancia religiosa como Zinacantán, Las Margaritas, Huixtán, San Cristóbal de Las Casas.
Puntualizó que en muchos casos las autoridades comunitarias o tradicionalistas utilizan el pretexto de la religión para expulsar a los indígenas a fin de quitarles sus tierras, como sucedió hace anos en Chamula y ocurre en la comunidad de Mitzitón, municipio de San Cristóbal.
""Es una situación que el nuevo gobierno tendrá que darle atención, garantizar la libertad de creencia, aplicar una estrategia que incluya desde las escuelas el respeto a la libertad religiosa en relación a los usos y costumbres, y que colaboren los gobiernos municipales.""
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