Aunque la parte del Gobierno Federal ha señalado que la construcción del Tren Maya generará 850 mil empleos para los próximos años, la asesora del Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil, Eliza Cruz Rueda, remarcó que la resistencia a este megaproyecto continuará a través de los amparos, al considerar que a la larga la estrategia oficial desplazará a las personas que viven cerca de los puntos de conexión.
Mencionó que al cambiarse el uso de suelo (agrícola) a otro tipo, los pobladores no serán beneficiarios directos, tendrán que emigrar para darle paso a un proyecto turístico y urbanístico que podría traer desplazamientos forzados hacia centro urbanos en Chiapas.
Recordó que en el caso de Palenque, desde el año pasado, compañeros de la organización Indignación (cuya sede está en Mérida) junto a choles interpusieron un amparo por los trabajos que se estaban iniciando con esta estrategia gubernamental, aun y con la pandemia, en medio de las sugerencias sanitarias de evitar la aglomeración de personas.
Entrevistada sobre el tema, recordó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha iniciado los trabajos en el tramo que va de Palenque a Escárcega, por eso es que ha incrementado la molestia de algunos pobladores. La autoridad, explicó, se ha justificado en que los avances son de rehabilitación pero, remarcó, las vías del tren tienen más de 50 años de existencia y se tienen que volver a hacer.
Justificación
En diciembre de 2020, el Fonatur informó que el Tren Maya obtuvo la validez de impacto ambiental y, por lo tanto, estaban en condiciones de construir lo que se conoce como la primera fase y que abarca desde Palenque hasta Izamal.
La abogada y antropóloga refirió que aunque organismos autónomos emitieron recomendaciones para frenar los trabajos no esenciales a consecuencia de la pandemia, la misma Presidencia emitió un decreto donde señalaba que las actividades de la construcción estaban consideradas como esenciales para justificar el avance en el Tren Maya.
Enfatizó que, a parte de Palenque, las parroquias de las diócesis de San Cristóbal recabaron más de seis mil firmas para oponerse a este proyecto y en una segunda intervención lograron reunir más de 14 mil, es decir, existe oposición a la estrategia gubernamental.
Cruz Rueda explicó que están dando acompañamiento al amparo que presentó el Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil junto a la organización Diálogo y Movimiento. El trámite se inició el 20 de enero de 2020, y hasta el momento suman cuatro.
La idea de este proceso jurídico, explicó, es que no sólo se detuvieran las mal llamadas consultas indígenas, sino también la construcción del megaproyecto, pues viola el derecho fundamental a la libre determinación de los pueblos originarios por donde pasará el Tren Maya.
En principio, recordó, la autoridad de Campeche otorgó la suspensión provisional para los cinco estados, sin embargo, en la resolución definitiva el fallo sólo salió a favor de la cabecera municipal de Xpujil, en esa misma entidad.
Remarcó que el proceso jurídico sigue su curso y están a la espera de que los trabajos se detengan, también de que la autoridad se apegue al cumplimiento de los derechos humanos.
Cruz Rueda puntualizó que, a pesar de las observaciones que han hecho los expertos nacionales e internacionales por el impacto ambiental, el Tren Maya es el proyecto estrella de la Federación, pero las organizaciones de la sociedad civil quitarán la mira de las acciones que se realizan.
