"No son nuevas las quejas de la Procuraduría General de la República respecto de algunas resoluciones de jueces y magistrados en general, por las cuales son absueltos y puestos en libertad presuntos integrantes de bandas criminales y de narcotraficantes. Con ello podría cernirse, sobre algunos integrantes del Poder Judicial, un velo de sospecha, en el sentido de que podrían estar actuando de forma parcial o bajo la presión de esas mismas bandas. Ayer, la PGR se inconformó oficialmente por la liberación de dos familiares del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que recientemente dictaminara el juez Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien consideró insuficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público para procesar a esas personas. La PGR argumenta, a su vez, que el juez no valoró debidamente las pruebas que le fueron presentadas, lo cual permitió que, en este caso, ""privara la impunidad"".
Es preocupante la sola sospecha de que los jueces en México actúan de forma poco clara, puesto que del recto proceder del Poder Judicial depende que la lucha contra el crimen tenga resultados positivos. Casos como el expuesto ayer por la Procuraduría deben ser aclarados a cabalidad, porque a nadie deja contento que en dichos fallos impere la suspicacia de que en algún engranaje de nuestra justicia los delincuentes tengan más poder que el propio Estado mexicano.
Vale, además, que los órganos de control a los que se invoca ahora informen del caso a la opinión pública, para saber que en realidad no existe mácula en este tipo de resoluciones. Habida cuenta, también, de que existen antecedentes en los que jueces y magistrados, argumentan en su favor que es precisamente el Ministerio Público el que envía expedientes con deficiencias en su integración, lo que complica la consignación de los detenidos. Es decir, debe quedar muy claro que nadie en esta línea de procuración de justicia esté faltando a su labor y que los fallos de los jueces estén apegados a la ley en todos los casos.
La sociedad tiene derecho a conocer, tanto las razones por las cuales un juez acusa a la PGR de integrar mal las averiguaciones, como los motivos por los cuales los jueces liberan a los indiciados vinculados a grupos delincuenciales. Esto es transparencia y esta misma debe imperar en todos los casos y ambas instancias son igual de responsables de que así suceda. La lucha contra la delincuencia sólo podrá ganarse cuando los niveles de impunidad bajen. En la medida en que narcotraficantes y criminales sepan que sus actos tienen consecuencias, y que éstos tienen altas probabilidades de ser castigados, entonces ya existirán las condiciones para comenzar a abatir los índices de inseguridad en el país.
Necesitamos un Poder Judicial libre de sospecha, autónomo e incapaz de doblegarse ante las presiones del crimen organizado. Jueces y magistrados deben de llevar hasta sus últimas consecuencias la claridad y rendición de cuentas sobre cada una de las determinaciones a las que llegan en su trabajo. Está de por medio la tranquilidad de un país que ha visto amenazada su estabilidad por quienes han hecho del delito su forma de vida y que requieren de comprar o amenazar a policías y jueces, por igual, para continuar con sus ilícitos negocios.
No hay más opción que los poderes de la Unión asuman conjuntamente su responsabilidad y hagan más expedita y certera la aplicación de la justicia. No se trata de pedir consignaciones indiscriminadas de gente que pudiera ser, en efecto, inocente, pero sí de cuidar al extremo este tipo de resoluciones que, mal conducidas, sólo estarían beneficiando a los criminales. (El Universal).
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