Eduardo Ramírez, senador por Chiapas, consideró imperante aprobar las modificaciones a la ley laboral, recientemente reformada el día 1 de mayo de 2019 y que dentro de sus preceptos más importantes contempla nuevas figuras para la impartición de justicia como un tribunal laboral, así como centros de Conciliación y Registro Laboral a nivel federal, junto a sus 32 partes locales en donde se resolverán los conflictos laborales en primera instancia.
Junto al senador Napoleón Gómez Urrutia, quien ha impulsado esta reforma desde su origen, Eduardo Ramírez coincidió en realizar las adecuaciones necesarias a fin de otorgar una prórroga de tiempo a las entidades federativas para adecuar su legislación y que las instituciones locales, llámense Centro de Conciliación y tribunales laborales, puedan estar habilitadas y con el equipamiento adecuado para llevar a cabo sus funciones, poniendo como nueva fecha límite para la implementación final de la reforma al sistema judicial laboral el 3 de octubre de 2022.
Cabe recordar que de acuerdo con los artículos transitorios de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del día 1 de mayo de 2019, la implementación de la tercera etapa en la Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, debiera entrar en vigor a partir del 1 de mayo de 2022, sin embargo, el pasado 18 de enero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, emitió un comunicado derivado de su primera reunión ordinaria del año 2022 en el que solicitan una prórroga con el fin de afinar sus legislaciones y equipamiento de los organismos encargados de aplicar la nueva ley.
El senador chiapaneco mencionó que, debido a la magnitud de la reforma realizada en el 2019 y en la que se modificaron cinco leyes en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, se vuelve necesaria la ampliación del plazo determinado en la reforma original, lo que ayudará a la debida y correcta implementación del sistema laboral. Lo anterior aunado a que actualmente no existen las condiciones en todas las entidades federativas, tanto materiales como financieras, que resulten idóneas para iniciar simultáneamente con las autoridades federales.