La iniciativa “3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres”, que busca restringir que personas con antecedentes de agresión sexual, violencia familiar y deudores alimenticios, ocupen cargos de elección, de concurso y de asignación en la administración pública, abre nuevas áreas de oportunidad para prevenir y combatir los abusos contra las mujeres.
Lo anterior, lo manifestó el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, al decir también que las reformas aprobadas en materia electoral a nivel nacional y local ya permiten atajar los abusos contra las mujeres en términos de participación política, al establecer como requisito para ser candidato a un puesto de elección popular, tener un modo honesto de vivir.
Sin embargo, manifestó que hay requisitos que son negativos, es decir, que la autoridad electoral no actúa de buena fe recibiendo la documentación que presentan los candidatos. “No tendría la capacidad para revisar toda la información en tres días, que es el plazo establecido en la ley”, dijo.
Ahora se abren nuevas oportunidades en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que determinó recientemente que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales, tienen la obligación de generar una lista de personas que hubiesen incurrido en la responsabilidad de violencia política en razón de género.
