Las integrantes de la Colectiva Nacional 50+1, incluido su capítulo en Chiapas, pidió a las autoridades de justicia locales de Oaxaca y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la revisión a cabalidad del caso de María Elena Ríos, así como la protección a sus derechos humanos y seguridad.
Las integrantes expresaron su profunda indignación debido a que el juez José Gabriel Montaño, adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, dejó en libertad y sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que se les imputó a Juan Antonio Vera Carrizal, Rubicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza Chávez, implicados en el intento de feminicidio por medio del brutal ataque con ácido efectuado en septiembre de 2019, a la saxofonista y activista feminista oaxaqueña, María Elena Ríos.
Para la Colectiva, la determinación es una flagrante violación al derecho a la justicia para Malena y deja un presente de impunidad, que cuestiona el actual del Poder Judicial en su deber de garantizar el acceso de todas las mujeres víctimas a gozar de justicia, verdad y reparación del daño.
“María Elena ha sido un ejemplo de coraje y resiliencia para todas nosotras, luchando incansablemente, hasta tipifica la Ley Malena bajo la figura de violencia ácida”, externaron.
Por tanto, hicieron un llamado urgente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y las autoridades judiciales correspondientes para que el caso se revise a cabalidad y no se violen más los derechos y la seguridad de la activista.
“Exigimos justicia no solo para Malena, sino para todas las mujeres víctimas de violencia ácida en México”, finalizaron.
Una jueza del circuito de la mixteca de Oaxaca dictaminó que la libertad de los implicados quedaba sin efecto, por lo que seguirán en prisión.
En dicho documento, la jueza María Antonia Esteva Domínguez señala que los probables responsables del feminicidio en grado de tentativa hacia Malena, continuarán con la medida cautelar originalmente impuesta, es decir, prisión preventiva justificada.