Ana Laura Mondrag—n * CP. Luego de la presentaci—n del PSD de una iniciativa al Congreso local para la legalizaci—n del aborto en Chiapas, organizaciones de mujeres se unieron al llamado.
Y es que segsn datos, en Chiapas cientos de mujeres llegan a las diferentes cl’nicas de la entidad con abortos mal practicados, en donde se pone en juego sus vidas.
De acuerdo con datos de la Organizaci—n Mundial de la Salud, cada a–o se practican m‡s de 50 millones de interrupciones de embarazo en el mundo, de Žstas, 20 millones se realizan en condiciones inseguras y provocan la muerte de 78 mil mujeres.
Casi la totalidad de las muertes asociadas al aborto inseguro ocurren en regiones y pa’ses con altos niveles de pobreza y marginaci—n social.
En los pa’ses desarrollados, el riesgo de morir por complicaciones en la interrupci—n de embarazo es de uno por cada 3 mil 700 procedimientos; mientras que en los pa’ses en v’as de desarrollo el riesgo es mucho mayor, de uno por cada 250 procedimientos.
Ante este panorama, grupos de mujeres exigieron al Congreso local elaborar leyes secundarias para reglamentar el aborto no punible en Chiapas, que est‡ autorizado en la Constituci—n local pero no puede llevarse a cabo.
Explicaron que en Chiapas est‡ permitida la suspensi—n del embarazo en caso de violaci—n, malformaci—n y riesgo para la vida de la madre, pero no se aplica por la inexistencia de leyes secundarias que lo reglamenten.
Por ello se–alaron, en los sltimos dos a–os se han registrado al menos ocho casos en que las solicitantes han sido rechazadas en hospitales, uno de Žstos fue el caso que dio vuelta al mundo, en donde una ind’gena con s’ndrome de Down que fue violada y cuando solicit— el aborto la amenazaron con encarcelarla.
En tanto, el l’der estatal del Partido Socialdem—crata (PSD), Mario Santos Sol’s, indic— que el objetivo es obligar a las instituciones de salud a que proporcionen el apoyo mŽdico necesario, adem‡s de promover y fomentar medidas de formaci—n y difusi—n sobre la salud sexual reproductiva.
