"Cuando el Presidente de la República y el procurador general denuncian a un juez por una mala decisión, acusándolo de tener intereses ""oscuros"", hay un órgano dentro del poder judicial que juzga la pertinencia de las quejas: el Consejo de la Judicatura Federal. Y se obtuvo una pista de hacia dónde se orientará esa institución.
En acto solemne durante la toma de protesta de 45 nuevos jueces y 34 magistrados, el consejero de la Judicatura, Jorge Moreno Collado, dijo que los jueces no están al servicio de los poderosos ni del poder político y menos de los poderes fácticos. Todo ello en clara alusión a las críticas del gobierno federal contra el juez Efraín Cázares López, quien resolvió algunos de los casos del llamado Michoacanazo.
El alto funcionario del Poder Judicial agregó: ""Los juzgadores de orden federal tienen como misión superior la defensa y resguardo de los derechos humanos"". Una mención pertinente, dado que sin la intermediación del derecho, fácilmente puede confundirse a los acusados con culpables, violando así la presunción de inocencia consagrada en la Constitución.
Se trata, pues, de un discurso directo no sólo contra las acusaciones presidenciales derivadas del Michoacanazo, sino también contra la propensión del Ejecutivo por exigir juicios ad hoc para la procuraduría sin consideración del debido proceso penal.
Más allá de únicamente defender al juez señalado, Moreno Collado interpreta las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial y a partir de allí previene el uso faccioso y partidista en el que puede caer la administración de justicia. Por lo tanto, instruye a sus colegas a evitar volverse presa dócil de los intereses a los que están expuestos en su labor.
Será difícil para el Ejecutivo no tomar nota del discurso emitido por el consejero. Cabe ahora preguntarse si esta opinión es compartida por el resto del Consejo de la Judicatura Federal. Es de suponer que así es, dado que en su momento el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, defendió a los jueces de la crítica que el presidente Calderón les hiciera en el marco de los Diálogos por la Seguridad.
Con la misma ligereza con la que el gobierno federal tildó de delincuentes a los adolescentes asesinados en Tamaulipas, intenta poner un estigma sobre los servidores públicos que contravienen los designios de su ""lucha contra la inseguridad"". Pero en ese intento, el efecto resultó ser el contrario. La duda ahora no está tanto en el actuar de los tribunales, sino más bien en el interés político de quienes llevaron a juicio a funcionarios públicos con base en puras declaraciones.
En la cultura de la legalidad -citada con frecuencia por el presidente Calderón- también hay que saber perder. (El Universal)
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