Hoy es un día importante en la vida política del país. El proceso electoral, que se ha alargado en función de lo cerrado de la elección y de las inconformidades que se han presentado, dará un paso más para su solución. A pesar de la estridencia mediática y de movilizaciones por parte de los actores políticos, cabe reconocer que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los procedimientos legales se han seguido con estricto apego a derecho, por lo que es de esperarse que nada altere ese camino.
El TEPJF iniciará este día el camino para determinar si procede un recuento parcial o total de los votos presidenciales de la elección del pasado 2 julio. Si todo sale como se ha previsto, los magistrados revisarán el caso específico de 173 distritos electorales, donde habría algún tipo de irregularidad y evaluará la solicitud de la coalición Por el Bien de Todos, respecto al recuento total de votos de todas las casillas instaladas para los comicios presidenciales.
El TEPJF tiene todo el respaldo ciudadano y ha mantenido sus trabajos en perfecta concordancia con lo que la legislación electoral establece. Este órgano dependiente del Poder Judicial de la Federación es parte de las instituciones que nos hemos dados los mexicanos en los últimos anos para dar certidumbre y rumbo a los comicios en México, después de décadas de atraso y opacidad electoral. Hoy, en México, las controversias electorales no se quedan sin ser atendidas.
Por lo mismo, cualquier manifestación ajena a los procedimientos legales no afecta ni influyen en el cuidadoso análisis de los magistrados, que sólo obedecen a las pruebas que se les presentan conforme a la ley.
Hasta ahora, todos los partidos y candidatos participantes en la controversia electoral han sido enfáticos en que respetarán las decisiones del Tribunal, aún cuando no les sean favorables. Deben mantener esta determinación y todo estará dentro de la ley.
Vale reiterar el llamado a la prudencia y a la mesura por parte de los actores políticos, para no desbordar por medios ilegales, lo que la legalidad les pudiera negar. La estabilidad del país radicará en la madurez con que estos mismos grupos políticos sean congruentes con sus propias palabras de respetar lo que ordene el Tribunal.
La gobernabilidad de la nación no sólo depende de la actuación de los gobernantes, sino de las conductas responsables del resto de la clase política, de los líderes naturales que hay en cada partido y de los ciudadanos organizados.
Como ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta, eso las obliga a dialogar entre ellas, a entenderse, a llegar acuerdos en medio de sus diferencias y a hacer a un lado arrogancias y soberbias, para que el país no se detenga. Ninguno detenta la mayoría y, por lo mismo, todos tienen la obligación y necesidad de sentarse a negociar.
El país saldrá adelante porque hemos construido instituciones confiables, firmes y orientadas a salvaguardar nuestros derechos políticos. El Tribunal Electoral tiene la responsabilidad de responder a la confianza de los ciudadanos con decisiones que antepongan la ley a toda intención ajena a ella. (El Universal)
