"Como cada fin de ano, el tema migratorio vuelve a valorarse por diversas razones, entre ellas, la llegada masiva de compatriotas que trabajan en Estados Unidos y que en esta temporada visitan a sus familias en territorio nacional. Su trayecto hacia México es, en muchas ocasiones, accidentado, lo que ha obligado a la institucionalización del Programa Paisano, por el cual autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinan para cuidarlos en su migración, y no sean extorsionados aquí, lo que hace doblemente ominosa su situación: explotados todo el tiempo al otro lado del río Bravo, y asaltados de este lado en Navidad.
Al mismo tiempo, el viernes pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la llamada Ley de Protección Fronteriza contra el Terrorismo y Control de la Inmigración Ilegal, que propone levantar un ignominioso muro para detener el flujo de migrantes y considerar como criminales a los indocumentados.
Aun cuando dicha ley todavía no es efectiva por no haber sido hasta el momento aprobada por el Senado estadounidense, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya trabaja en el diseno de una estrategia para contrarrestar dicha legislación, a la que considera, junto con el diario The New York Times, ""xenófoba y racista"". El canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, ha propuesto, a su vez, integrar, junto con los países de Centroamérica, un informe completo de los beneficios que aportan los migrantes a Estados Unidos y así ejercer presión internacional sobre el tema. De hecho, será importante que en el vecino país retomen la iniciativa migratoria del presidente George W. Bush, que si bien no era perfecta ni hablaba de legalizaciones masivas, sí tendía a flexibilizar las condiciones de vida de los migrantes y atenuaba la persecución que en su contra han dirigido últimamente autoridades policiacas y de ultraderecha estadounidenses.
En suma, el acoso a los migrantes, tanto en Estados Unidos como dentro de nuestro territorio, no se corresponde con la importancia del esfuerzo y la aportación de ellos a la economía estadounidense y por supuesto a la mexicana, al ser ya la primera fuente de divisas del país, por encima, incluso, de los ingresos petroleros.
La defensa de los derechos humanos de este grupo importante y tan vulnerable de mexicanos debe ser prioritaria para ambos gobiernos, que todavía se encuentran muy estancados en cuestiones coyunturales, en tanto que, a nivel operativo, tienen manga ancha para actuar contra ellos legisladores racistas, grupos paramilitares de derecha -como el grupo Minuteman, de Arizona- y autoridades mexicanas corruptas, que esperan a los paisanos para despojarlos de sus bienes. Ahora bien, si México exige respeto a los derechos humanos de sus trabajadores migratorios, debe comenzar por poner el ejemplo. Ello porque ayer el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, presentó un informe en el que concluye que 76 por ciento de las estaciones migratorias que hay en el país -donde son concentrados los extranjeros que son detenidos por haber ingresado ilegalmente a México- se encuentran en una situación indigna, con altos grados de marginación, maltratos y pésimas instalaciones, que violan la Constitución y, peor aún, dice el informe, criminaliza a los migrantes.
A todas luces, un gobierno que incurre en dichos excesos no puede tener suficiente autoridad moral para exigir a otro país que trate bien a sus respectivos migrantes. Es una cuestión de congruencia pura que debe ser corregida cuanto antes, de tal forma que las migraciones dejen de ser un tema policiaco- militar y sean asumidas en serio, como un complejo problema social y geopolítico, cuya solución no radica en simplemente reprimir los flujos, sino en atender sus causas estructurales. (El Universal).
"
