Salvo que volvieran a presentarse hechos que sacudieran y cimbraran por el número de víctimas, como los registrados en el pasado reciente en Tamaulipas, Veracruz o Nuevo León, pareciera que la violencia que sigue goteando en diversas regiones del país, no llama ya la atención. Esas muertes consignadas en la prensa quedarán en el archivo e incluso muchas ya ni logran trascender a los medios por infinidad de razones.
De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el país padece un 98 por ciento de impunidad, es decir, siete responsables de cada mil delitos son sentenciados.
El Estado de derecho debe atenderse de forma proporcional a su trascendencia, un desafío para quienes aspiran gobernar, pues deben atender además, cómo hacer frente a la corrupción, la cultura de ilegalidad y las debilidades institucionales que alimentan la impunidad y la incertidumbre jurídica en múltiples materias, ha señalado un organismo empresarial del país al exponer que las empresas, en promedio, destinan un diez por ciento de sus ingresos para poder operar derivado de esta situación.
En un país en el que se calcula que el costo de la corrupción es cercano a 1.5 billones de pesos, es decir, el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, vale la pena comenzar a reflexionar sobre el futuro ya no de los adultos, sino de las generaciones que vienen.
Frente a lo anterior, la citada representación empresarial considera urgente actuar a favor de incrementar cada vez más el rigor de las penas, ya que la situación de impunidad crea un desánimo que a su vez lleva a que según estimaciones conservadoras, sólo una tercera parte de todos los delitos que se cometen se denuncien.
Es indudable que esto es un problema grave y que la solución abarca no sólo a las administraciones sino también a la sociedad en general. La eficacia de la procuración y la administración de justicia es una parte de un todo que ahora el país debe analizar a profundidad.
Y es un asunto de la sociedad también porque por ejemplo, el caso que recién se ha dado a conocer sobre la detención de Malinali Gálvez Ruiz, hermana de Xóchitl Gálvez Ruiz, quien fuera titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el sexenio de Vicente Fox y ex candidata del PAN al gobierno de Hidalgo, muestra que el hampa de la peor calaña -secuestradores- ha permeado todas las capas de la sociedad, pero éste es sólo un ejemplo de muchos similares.
