Unas 43 familias del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, retornarán a sus hogares tras un acuerdo económico con la parte en conflicto, sin embargo, exigen peritajes a los inmuebles de los agraviados, acciones pendientes desde el 2016 cuando fueron obligados a dejar sus hogares.
El Centro de Derechos Humanos Ku’untik dio cuenta de la decisión de las familias desplazadas en retornar a su lugar de origen, no obstante, consideró que no existen las condiciones para un regreso digno en tanto el grupo de corte paramilitar permanezca armado.
Aseguró que se trata de un acuerdo que no garantiza la seguridad de las familias, por lo que señaló a la Fiscalía Indígena la necesidad de realizar los peritajes a los inmuebles, pues desde el desplazamiento forzado, sucedido hace cuatro años, estas acciones quedaron pendientes para hacer justicia al caso.
Ku’untik apuntó que existe un acuerdo monetario de por medio, en el que los agresores recibirán 15 mil pesos por cada familia que retorna, además de la promesa de obras de infraestructura y demás beneficios.
Por lo delicado del caso, Ku’untik solicitó una acta de asamblea en la que se estipulen los compromisos por parte de la comunidad del ejido Puebla de Chenalhó, para asegurar la integridad y respeto a las personas que regresan; así también para que se realicen peritajes continuos para garantizar su seguridad.
Luego de que la solicitud fue recibida, en el acta se refirieron hacia las personas desplazadas como “autodesplazadas”, lo que significa negar la violencia ejercida en contra de las 42 familias que tuvieron que huir para salvar su vida, por lo que nuevamente solicitaron la corrección del documento.
El Centro de Derechos Humanos recordó que en estos actos violentos se perdió la vida de una menor de nombre Andrea y del señor Guadalupe Cruz Hernández, hechos corroborados por la CNDH mediante una recomendación, y por la CIDH.
