Tras la reciente publicación en el Periódico Oficial del Estado que tipifica el maltrato animal como delito en el Código Penal local, la diputada Marcela Castillo Atristain, promotora de la reforma, habló de los siguientes pasos para garantizar su efectiva implementación, así como de los desafíos pendientes para realizar un trabajo en conjunto.
Aclaró que si bien el Congreso del Estado cumplió con su labor al aprobar y publicar la ley, ahora corresponde a otras instancias asegurar su aplicación.
Proceso largo
“El proceso es largo; nuestro rol como legisladores no termina hasta ver que las denuncias, sanciones y seguimientos a maltratadores sean una realidad”, afirmó.
El siguiente paso, dijo, recae en la Fiscalía del Estado la cual deberá reformar su ley orgánica y, en coordinación con el titular de la institución, crear unidades especializadas o fiscalías específicas para atender estos casos.
“Se requiere capacitar a ministerios públicos y orientar a la ciudadanía sobre cómo y dónde denunciar”, subrayó.
Respecto a los casos en que los agresores sean funcionarios, Castillo Atristain recordó que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece sanciones adicionales a las ya contempladas en el Código Penal.
Exigencias de la ciudadanía
“La ciudadanía no solo exigirá el peso de la ley, sino que será un factor clave para vigilar su cumplimiento”, aseguró.
La diputada reconoció el papel de la sociedad civil en la aprobación de esta normativa: “Fue un tema impulsado por la ciudadanía, y ahora debemos trabajar juntos para que no quede en papel”, enfatizó.
Es por ello que hizo un llamado a la población a mantenerse atenta y participar activamente en la denuncia de casos de crueldad animal.
“Con esto, el Estado avanza hacia un marco jurídico más robusto en materia de protección animal, aunque su éxito dependerá de la coordinación entre instituciones, la asignación de recursos y la vigilancia social”, puntualizó.
