"Isaín Mandujano * CP. Diputados locales del PRD y del PAN en el Congreso del Estado fracasaron en su intento por aprobar la Iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública que les envió Pablo Salazar, luego de que 14 legisladores priístas rechazaran el dictamen y se negaran a asistir a la sesión extraordinaria prevista para el miércoles.
Primero, los 14 diputados locales del PRI dieron una conferencia de prensa donde argumentaron que tras el pasado proceso electoral plagado de irregularidades ha quedado en evidencia la nula autonomía de la cual carecen los órganos electorales en Chiapas, por eso aprobar esa iniciativa es dar pie a que se cree otro organismo más supeditado al Poder Ejecutivo.
Es decir, los diputados locales encabezados por el legislador Roberto Ortiz cuestionaron que dentro de la iniciativa que les envió Salazar se prevé la creación de un organismo ""garante"" del acceso a la información pública gubernamental y que no habría problema alguno si no fuera porque quien designa a los tres consejeros de forma unilateral es el Gobernador del Estado.
Dijo el diputado priísta que el gobernador Pablo Salazar pretende controlar la información pública, aun cuando haya dejado el cargo de mandatario de Chiapas, pues desea ""nombrar consejeros a modo"" para que no se ventilen las posibles irregularidades que se han registrado en su administración.
Hasta que termine el conflicto electoral
La iniciativa de Salazar que lleva el nombre de Ley que Garantiza el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas prevé la creación del ""Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal"" (sic) y en su Artículo 61 establece que éste estará integrado por tres consejeros, uno de los cuales tendrá el carácter de consejero general, quien llevará la representación legal del Instituto.
Pero, dice el mismo artículo que ""los consejeros durarán en el ejercicio de su cargo siete anos y elegirán por orden alfabético a quien ocupará el cargo de consejero general para un período de dos anos. Los consejeros serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo del Estado"".
El diputado Ortiz dijo que no le aprobaran ésta y otras iniciativas a Salazar ""en tanto no se restablezca la legalidad en Chiapas"", sobre todo después del proceso donde salió electo el candidato de la Coalición
El diputado priísta Mariano Díaz Ochoa lamentó que a esta iniciativa se le pretendió incluir dentro de un paquete de buenas leyes que hacen falta en Chiapas.
Y es que, además de la iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública, los diputados pretendían aprobar la Iniciativa de Ley Orgánica del Instituto de las Artesanías; Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley que fija las Bases para la Entrega Recepción de los Ayuntamientos; Iniciativa de Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Menores; Iniciativa de Ley Orgánica del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas; así como el nombramiento de un Magistrado de la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Antes de entrar al periodo de receso legislativo que concluye hasta el mes de noviembre, los diputados locales del PRD, PAN y PT pretendían aprobar dicha iniciativa dentro de una sesión extraordinaria, pero ante la ausencia de los legisladores del PRI no se llevó a cabo.
Hay intereses: Grajales
Tan pronto como se suspendió la sesión extraordinaria, el secretario de Gobierno, Roger Grajales González, acusó que la ausencia de los diputados del PRI para aprobar las siete iniciativas previstas forma ""parte de la estrategia postelectoral partidista"", luego de que su candidato a gobernador José Antonio Aguilar Bodegas perdiera la contienda del pasado 20 de agosto.
""Es lamentable que los legisladores priístas prioricen sus intereses de partido por encima de los del interés colectivo, de los ciudadanos y del desarrollo de la entidad. Prefieren actuar como militantes de un partido y faltar a su compromiso y obligaciones como integrantes de la soberanía popular"", dijo el funcionario de Pablo Salazar.
Y agregó que el Gobierno de Chiapas rechaza ""el chantaje como una medida propagandística"" y que de parte del Ejecutivo Estatal no hay ni amenazas ni chantajes.
De igual forma los diputados del PRD, Rafael Guillén; del PT, Arturo Velasco; y del PVEM, Flor Coello, acusaron a sus companeros legisladores de ""boicotear"" la sesión extraordinaria de este miércoles.
Diferencias con Chihuahua
Comparada con la hasta hoy mejor iniciativa de Chihuahua, la propuesta de Salazar revela que si bien en aquel estado del norte del país, el Instituto de Transparencia tiene rango de órgano constitucional autónomo, en Chiapas no sólo no le da este rango al órgano que resuelve controversias, sino que ni siquiera le da atribuciones para sancionar a servidores públicos.
Allá, los consejeros en Chihuahua son nombrados por el Congreso con el voto de dos terceras partes de la Legislatura, en Chiapas son nombrados por el Gobernador sin ningún tipo de contrapeso.
En Chihuahua impera el principio de máxima publicidad, donde toda la información es pública como norma y, además, la definición de los sujetos obligados por la ley es lo más amplia posible, incluyendo al Poder Judicial y a los partidos políticos.
En Chiapas no están incluidos los partidos, pero tampoco se fuerza a los supuestos sujetos obligados a documentar todos los actos de autoridad.
Para obtener un documento en Chihuahua no hace falta más que pedirlo y el solicitante no está obligado a dar ni su nombre. En Chiapas hay que presentar identificación oficial y firma o poner la huella digital en la solicitud.
Para el coordinador del Programa de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, la iniciativa ""tiene como propósito asegurar el control de Salazar sobre el acceso a la información del Gobierno de Chiapas una vez que haya dejado su cargo. Existen elementos que permiten sustentar esta afirmación"".
Refiere que en la iniciativa de referencia se omite crear un órgano regulador independiente para todos los sujetos obligados, pues como se puede observar, ""el Gobernador propone que se le otorguen todas las facilidades para el nombramiento de sus consejeros, pero crea candados para dificultar la remoción de los mismos, lo cual no estaría mal siempre y cuando fueran nombrados, observando una serie de requisitos, con la participación central del Congreso del Estado"".
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