Ante la medida cautelar hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), máxima autoridad jurisdiccional del continente en protección a derechos humanos, sobre la contaminación de una empresa recolectora de basura de la capital chiapaneca que habría provocado la muerte de 21 pobladores del ejido Emiliano Zapata, Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado, mencionó “que la mayoría de los permisos son federales, pero solicitará los permisos para poder actuar”.
La medida cautelar 1498-18 de la CIDH catalogó a dicha problemática como “una situación de gravedad y urgencia”, ya que la contaminación de la empresa pudo haber incidido en el fallecimiento prematuro de 21 pobladores, entre ellos nueve niños.
Ante esto, el gobernador dijo que respecto a los derechos humanos, se atienden todas las recomendaciones, además de que se seguirá trabajando, ya que la responsabilidad es de todas las autoridades.
Ángel Emmanuel Ancheyta Villafuerte, abogado del caso, explicó que los casos fueron documentados del 2006 al 2018, en la cual se registró que la empresa no contaba con los servicios básicos en materia de salud, por lo que la situación de riesgo en el que se encuentran los pobladores del ejido es latente, ya que el Estado mexicano no ha investigado, prevenido y garantizado sus derechos humanos.
Por su parte, Escandón Cadenas recalcó que también se trabaja en la prevención, con el fin de que se resuelvan las contingencias desde lo ambiental.
El abogado puntualizó de que a pesar de que se cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y resolución favorable en la suspensión definitiva con efecto restitutorio del Juzgado Segundo de Distrito, ambos desde casi un año, aún no se ha avanzado en detener las operaciones de la empresa.
Por tanto, la Comisión al haber recibido la solicitud de medida cautelar el 28 de noviembre de 2018 y haber pedido información el 27 de febrero, en los últimos días dictaminó basado en el Artículo 25 de su Reglamento, al Estado mexicano adoptar medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud del señor Marcelino Díaz Sánchez y los demás pobladores del ejido Emiliano Zapata señalados en la solicitud.
Por lo que la CIDH pidió al Estado mexicano adopte medidas pertinentes para brindar un diagnóstico médico especializado para los beneficiarios que permita identificar las causas de las alegadas patologías y enfermedades y su relación con la contaminación, proporcionándoles una atención médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales.
Finalmente, el gobernador afirmó que se mantiene una protección al medio ambiente, la flora y fauna de Chiapas, por lo que se están sumando a las tareas de auxilio y fortalecer las acciones para defender los derechos humanos.
